Una semana antes de cumplirse el primer aniversario de la tragedia ferroviaria de Santiago, donde fallecieron 79 personas al descarrilar un tren cuando circulaba a velocidad excesiva por un despiste del maquinista, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas sobre asistencia a las víctimas de accidentes de ferrocarril y que, entre otros extremos, duplica la indemnización que estas y sus familiares han de recibir. Asimismo, el Ejecutivo ha anunciado el desarrollo de un programa de 22 actuaciones que pondrán al día un sector ferroviario que circula bajo normas en ocasiones desfasadas a los tiempos.

Pero el anuncio gubernamental y estas fechas del calendario vuelven a poner sobre la mesa el peor accidente de la historia ferroviaria de este país ocurrido el 24 de julio del año pasado en la fatídica curva de Angrois, a pocos kiómetros de Santiago. Un año después, el proceso judicial para dilucidar todas las responsabilidades sigue abierto en un sumario de más de 40 volúmenes.

Desde el principio, la investigación atribuyó el siniestro a un descuido del conductor del convoy que circulaba despistado, tras recibir una llamada del interventor del tren, y no frenó a tiempo al entrar en la curva a cerca de 180 kilómetros por hora cuando no debía superar los 80. El maquinista fue objeto de inmediata imputación, pero el juez la extendió a doce exdirectivos de Adif, la empresa gestora del sistema de vías, al considerar que la compañía debía haber previsto la peligrosidad de la curva e instaladado balizas de limitación de velocidad como las que colocó tras el siniestro.

Siguiendo una estrategia dilatoria y desoyendo a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que exigió máxima colaboración con la Justicia, todos los antiguos cargos de Adif se han negado a declarar ante el juez. Esta actitud ha soliviantado a las víctimas, empeñadas en demostrar que el maquinista no puede acabar siendo el único responsable de un descarrilamiento en zona de riesgo, tal como había denunciado a Renfe otro conductor, y sobre todo por la ausencia de seguridad en el sistema de frenado automático que paliase un previsible error humano.

La Audiencia de Santiago ha de resolver en breve sobre la imputación de la cúpula de Adif pero resulta exigible que, sea cual sea su decisión definitiva, el proceso no encalle ni se dilate. El dolor de las víctimas no se lo merece.