José Felipe Bertrán de Caralt ha confirmado ante el tribunal que juzga la trama de extorsión del exjuez barcelonés Pascual Estevill y el abogado Joan Piqué Vidal que fue objeto de chantaje respecto de ir o no ir a la cárcel. No cedió y pasó casi un mes en la prisión de Barcelona. La declaración es relevante porque sus apellidos determinaron que se le presentase como ejemplo de empresario emblemático de la burguesía catalana al que alcanzaba el brazo de la justicia. Y si bien las empresas de Bertrán cometieron fraude fiscal, como lo determinaron luego unos jueces honestos, y acabó pagando 1.200 millones de pesetas como sanción, cabe destacar su actitud ante las presiones que sufrió para cometer un delito mucho más grave.
Estevill y Piqué incomodan a los políticos nacionalistas que tuvieron estrecha relación con ellos. Algunos intentan ahora diluir su responsabilidad extendiéndola a toda la sociedad con argumentos como el de que, cuando sucedió lo que se juzga (entre 1992 y 1994), la prensa apenas trató el tema. Callan que la prensa no tenía forma de explicar lo que no podía demostrar, y disimulan, en cambio, el hecho de que, pese a los rumores que circulaban, Estevill llegó al Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU.
