Las necesidades judiciales y las disponibilidades presupuestarias vuelven a chocar en Aragón. Si la propuesta del Ministerio de Justicia antes del verano de crear dos juzgados de Primera Instancia fue acogida con esperanza, la concreción de la misma ha entrado en una dinámica que enfrenta a los colectivos judiciales con la DGA. El Gobierno autonómico, que es quien debe pagar, está dispuesto a eliminar un juzgado de Instrucción para crear uno de Primera Instancia, aduciendo que se han reducido las cargas de trabajo en el de Instrucción. Argumentos que chocan con los que ofrecen la mayoría de colectivos de la judicatura. Al final, un asunto que habrá que pactar... con el «limitado» dinero público.
