Soy profesora de álgebra en la Universidad de Zaragoza desde hace más de 30 años y una de las tareas más ingratas de mi trabajo es la de suspender a algunos estudiantes. A menudo he sido responsable de asignaturas de las que se consideran difíciles porque tienen un nivel de abstracción que algunos estudiantes tardan en conseguir. En la relación profesor-alumno, en clases y tutorías, se establece una afectividad que hace que cuando tienes que suspender, te resulte verdaderamente duro. Pero, afortunadamente, son muchos los estudiantes que obtienen su aprobado. Tanto la evaluación de unos y de otros aparece en el acta final de la asignatura, firmada por los profesores que la hayan impartido, y que, a modo de certificado, comunica a la sociedad que los estudiantes aprobados han alcanzado el nivel mínimo descrito en el diseño de la asignatura, para los efectos oportunos, que podrán ser muy diversos a lo largo de la vida académica y profesional del estudiante.
Un título universitario es algo muy serio pues es el documento universalmente aceptado para fiarnos de los conocimientos de una persona concreta. Por supuesto que hay personas sin título con más conocimientos que otras que lo tienen, pero para obtenerlo el interesado ha tenido que demostrar sus conocimientos ante el profesorado de una universidad, y ese es el único medio para conseguirlo.
El que más necesita el título es el más humilde, el que no tiene apoyos familiares para conseguir un trabajo acorde con sus conocimientos conseguidos con esfuerzo. Por esa razón hay que ser muy serios con este tema.
Lo ocurrido con el caso Cifuentes es verdaderamente peculiar. Los procedimientos en las universidades públicas y en particular en nuestra Universidad de Zaragoza permiten de manera muy fácil saber quién otorga cada aprobado, en qué momento y si esos profesores son los que tenían la potestad de darlo. También hay procedimientos para exigir a un profesor que justifique sus calificaciones, especialmente ante los propios interesados, aunque bien es verdad que no se suelen utilizar en el caso de buenas calificaciones. El profesorado de la universidad se toma esta tarea con la responsabilidad y la honestidad que requiere, incluso a pesar de que las normas y los gobernantes no siempre ayudan. Pondré un importante ejemplo.
En la mayoría de las universidades se hacían públicas las calificaciones de los estudiantes de cada asignatura, con nombres y apellidos, hasta que nos encorrió la ley de protección de datos, curiosamente cuando todos nuestros datos son más conocidos que nunca. En nuestra universidad tuvimos fuertes divergencias internas sobre si se debía o podía seguir publicando las calificaciones tal y como dicen nuestros estatutos y normas internas. Se fue imponiendo lo de que es suficiente que el estudiante conozca sus calificaciones con antelación para que pueda reclamar si lo considera oportuno. Se fue perdiendo así la trasparencia que permite un control interno de otros estudiantes o profesores que en un momento determinado puedan pedir explicaciones sobre una determinada calificación.
Cuando el PSOE reformó la Ley orgánica de universidades en 2007, introdujo, con muy buen criterio, una disposición adicional que decía que no es preciso el consentimiento de los estudiantes para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con su evaluación. El decreto, también del PSOE, que regulaba las pruebas de acceso a la universidad, no sólo permitía sino que obligaba a dar publicidad a las calificaciones. Pero, desgraciadamente para la transparencia, se está promoviendo lo contrario, incluso en las normas de regulación de las pruebas finales de evaluación del bachillerato que se usan para el acceso a la universidad, el PP prohíbe la publicación de las calificaciones. Me pregunto qué razones hay para que no se pueda saber la calificación de un estudiante que luego puede llevarle a tener una gran responsabilidad social. La publicación es una de las mayores garantías de nuestro sistema público de enseñanza superior y creo que los rectores deberían exigir al Gobierno que modifique esa norma de las pruebas de acceso a la universidad y se vuelva a obligar la publicación de las calificaciones a la vez que también nosotros, los profesores, volvamos a la publicación de las calificaciones de todas las asignaturas.
*Profesora de la Universidad de Zaragoza
