El aval de 10 millones que quiere dar la DGA a Arento requerirá de un mayor control sobre el grupo cooperativo. El cambio de presidente y gerente es lo más visible, pero la refinanciación de la deuda, gracias al dinero público, obliga a redimensionar la plantilla (150 empleados), vender algún activo que no es clave en su actividad, mejorar la cuenta de resultados y dar prioridad a las inversiones. Y todo, con el máximo control y transparencia de la DGA.
