La DGA encara el final de la legislatura con un paulatino e implacable empeoramiento del trato que recibe del Gobierno de España. Las relaciones no han sido fluidas desde que comenzó la legislatura en el 2011, pero el trato dispensado por el Ejecutivo central no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo. Presupuestos insuficientes, inversiones aparcadas, comisiones bilaterales intrascendentes, discrepancias macroeconómicas, pleitos judiciales... jalonan un rosario de incumplimientos, reproches y olvidos que ilustran un estado de las cosas manifiestamente mejorable.

En sus primeros meses de mandato, la presidenta popular Luisa Fernanda Rudi se encontró con un Rodríguez Zapatero de salida, sin capacidad de aprobar presupuestos o leyes importantes y acogotado por la situación límite de las arcas públicas. Pudo dar la impresión de que las relaciones se estrecharían con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, por su condición de correligionario de Rudi. Fue un espejismo, pues como se vio a las primeras de cambio las prioridades del Ejecutivo iban por otros derroteros y las cuestiones territoriales pasaron a la última línea de la agenda de preferencias. Comenzando por la del propio presidente, pues aún se espera una visita suya a Aragón, más allá de la girada en julio del 2013 a la planta de Opel en Figueruelas aprovechando la presentación de nuevos modelos de la multinacional.

Hay otros ejemplos que ilustran esta indeseable situación. Al comienzo de la legislatura se depositaron grandes esperanzas en la Comisión Bilateral Aragón-España, con un horizonte de reuniones continuas y de gran sustancia. Pues bien, la última cumbre se celebró hace un año, apenas para marcar unas prioridades en el ámbito de las infraestructuras y para ratificar el compromiso de que la reforma de la ley de régimen local tendría en cuenta las peculiaridades de la comunidad con las comarcas. Las expectativas que generó esta comisión, con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, junto al incombustible José Ángel Biel por la parte aragonesa, al frente, siguen sin desarrollarse plenamente, como lo demuestra que desde octubre del 2013 a esta parte ni siquiera se haya producido un nuevo contacto.

Mientras, Aragón se ha visto obligada a incrementar la litigiosidad con la Administración del PP en el Estado a propósito de un asunto capital, como el déficit, y de otros menores, como las tasas judiciales del exministro Alberto Ruiz Gallardón. Esta misma semana el Consejo de Gobierno de la DGA ha decidido presentar un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional por la abultada cifra de déficit adjudicada a Aragón por el Estado en el último ejercicio contable. El departamento de Hacienda que dirige Javier Campoy considera que Cristóbal Montoro debería calcular el desequilibrio de las cuentas autonómicas con las mismas reglas contables que se aplica para sí misma la Administración del Estado. Y también hace apenas unos días, el 7 de octubre, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una reclamación en la que exige al Ejecutivo central el pago de las tasas judiciales que le corresponden a la comunidad autónoma para financiar parte de la justicia gratuita. Desde el primer momento el consejero de Presidencia y Justicia,Roberto Bermúdez de Castro, sostuvo que la decisión unilateral del ministerio era injusta y perjudicial para los intereses de Aragón y ha llevado el asunto hasta el final, anteponiendo el interés general a la obediencia partidaria.

Pero hay más. Tampoco el trato inversor que está recibiendo Aragón es el adecuado. Los presupuestos generales del Estado del 2014 fueron escandalosamente negativos, apenas corregidos en el periodo de enmiendas, y los del 2015 parecen manifiestamente mejorables. Cierto que por primera vez en los últimos siete años el gasto destinado a infraestructuras en Aragón crece, en concreto un 7%, pero lo hace por debajo de la media para el conjunto de regiones (con una subida del 14%) y tras siete años de continuas bajadas presupuestarias. Unas cuentas que relegan definitivamente las mejoras ferroviarias pendientes en la comunidad y que ofrecen una solución de pago aplazado poco creíble para la gran obra pendiente: los desdoblamientos de las peligrosas N-232 entre Mallén y Alagón y N-II entre Alfajarín y Fraga.

Estos ejemplos ilustran la necesidad de mejora en la relación entre los gobiernos central y autonómico. Menos mal, por colocar en la balanza del haber, que la nueva ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha sido sensible a la reclamación aragonesa y ha comprometido seis millones de euros para retomar el sellado del vertedero de Bailín. Una obra por cierto, de la que se había descolgado su ministerio durante la etapa del hoy eurocomisario Miguel Arias Cañete, pese a la evidencia de que las actuaciones con el lindano eran necesarias y urgentes. A ver si otros ministros siguen el ejemplo de Tejerina. Sin que sea necesario, eso sí, que se contamine un río.