El Gobierno de Aragón va a cambiar este año una ley para poder devolver a una familia aragonesa los 100.000 euros que pagó de más --como sobreprecio-- por una vivienda de protección oficial. Llegará ocho años después del sablazo y todo porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ordenó identificar al culpable de no ejecutar el fallo y tras amenazar al Ejecutivo con multar a dicho alto cargo. ¿Por qué son tan complicadas las administraciones públicas? Mientras los políticos no sean capaces de solucionar estos problemas que son obvios, estaremos en una sociedad amorfa.
