Los abogados del Turno de Oficio celebramos, ayer día 12, nuestra fiesta, reconociendo el trabajo de los compañeros más veteranos. Mientras tanto, el Gobierno de Aragón tiene que cerrar los acuerdos con los responsables colegiales, para que al menos este año 2018, todos aquellos que pertenecemos al Servicio de Orientación Penitenciaria podamos recibir una justa contraprestación por nuestro trabajo, que llevamos desarrollando gratuitamente durante los dos últimos años.

La Administración autonómica pretende pagar los honorarios de aquellos abogados del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciara, que acudamos a las prisiones de Zuera y Daroca, con 70 euros, por jornada de tres y media a ocho de la tarde.Sin contar el posterior trabajo en el despacho con los nuevos casos, asistiendo entre tres compañeros a una media de más de 20 presos diarios, incluidos los que se encuentran en aislamiento. Los que acudan a la prisión de Teruel aún cobrarán mucho menos porque se le quiere adjudicar a ese centro una partida presupuestaria más ridícula que otra cosa.

CON ESTOS 70 EUROS tendremos que pagarnos el desplazamiento a la prisiones de Zuera y Daroca, de donde salíamos agotados, avisados por los propios funcionarios, para cruzar Paniza con cadenas (nosotros no tenemos coche oficial); los honorarios y la más que justa compensación del compañero responsable y coordinador del servicio, que (full time) resuelve todas las incidencias que se producen y organiza la formación y puesta al día de los 60 compañeros que lo realizamos; así como el del abnegado personal de administración del colegio que cuida de nuestros intereses y resuelve todas las dudas administrativas y burocráticas de cada día.

Para que se enteren todos (incluidos los políticos que organizan -con dinero ajeno, por supuesto-- fiestorros para mil personas), los abogados del servicio penitenciario comenzamos hace más de 20 años sin cobrar ni un duro, con sonoras dificultades para acceder a las prisiones, y, hoy en día, somos espléndidamente valorados tanto por los presos como por la propia Administración Penitenciaria.

A partir de ahora, los propios ciudadanos, los juzgados, los colegios profesionales y demás operadores jurídicos aragoneses, incluida la propia Administración y los abogados, contamos con una ley nueva, llena de buenas intenciones, principios básicos y todo un mundo para desarrollar y hacer vigente ese derecho a la tutela judicial efectiva, pero, lamentablemente sin un reglamento que sea capaz de ordenar todos y cada uno de los servicios del Turno de Oficio, que todavía no ha sido redactado.

Es el momento, con criterios de igualdad y dignidad, de poner en práctica la Ley Aragonesa 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos de Aragón.

Esta Ley fue un proyecto de la oposición, que el actual Gobierno aragonés aceptó a regañadientes (se montó en el carro porque no le quedaba más remedio) y se aprobó por unanimidad, que termina con las adjudicaciones graciosas y privatistas de aquellos que ven negocio en lo público y más en el derecho a la defensa de los más perjudicados.

POR ESO, el Gobierno de Aragón, tiene ahora el gran deber de desarrollar, por sí mismo los servicios de asistencia contemplados en la nueva ley, pero el de los presos, no lo trata igual.

Con esta ley serán los colegios profesionales los que -con su propio régimen deontológico-- se encargarán de prestar un servicio pacificador de la vida en las prisiones, para dar cumplimiento a los artículos 24 y 119 de la Constitución.

Por eso resulta sencillamente indignante que quienes más complicado tienen acceder a esos servicios de asesoramiento (los presos o los menores en centros de reforma) no puedan acceder a ellos, disfrutando de un servicio público en condiciones de igualdad, prestado por abogados en ejercicio, con más de tres años de experiencia, que han realizado su curso de formación y especialización y reciclan sus conocimientos con formación permanente.

Se trata de un servicio para aquellas personas que, como es el caso de los presos, tienen limitadas sus facultades de comunicación y necesitan la ayuda de un servicio social público.

Así de claro. Y esta prestación ha de estar retribuida con la mínima dignidad y en igualdad, por cuanto todos los abogados que prestamos cualquier servicio tenemos derecho al cobro de los honorarios con los mismos criterios de equidad. A mismo trabajo, igual retribución o ¿es que los que defendemos a los presos tenemos que cobrar menos que los demás?. Eso no lo dice la ley.

*Abogado del Turno de Oficio y

del Servicio de Orientación a los Presos