La intransigencia del Gobierno de Aznar de mantener el trasvase del Ebro a pesar de la oposición de Aragón, Cataluña, grupos ecologistas y partidos políticos, ha quedado ahora más en entredicho si cabe con los dos informes negativos emitidos por las direcciones generales de Medio Ambiente, que dirige Margot Wallström, y la de Regiones de la Comisión Europea. Dichos documentos oficiales se oponen a conceder ayuda económica al trasvase del Ebro, al considerar que no sólo perjudica al río, sino que es caro y carece de todo rigor científico al no haber considerado otras posibilidades (como la desalinización). El PP debería de reflexionar y retirar un proyecto que sólo consigue el enfrentamiento en vez de buscar el consenso que satisfaga las necesidades de todas las regiones. Si finalmente Europa rechaza, como todo parece indicar que pasará, la financiación del trasvase y el Ejecutivo mantiene el proyecto será a costa de otras partidas.