Después de estas extrañas vacaciones de Semana Santa, se ha retomado el curso escolar en su tercer y último trimestre. Con una evidencia palpable y, por ahora y hasta nuevo aviso, incontrovertible. Las escuelas y los institutos, también las universidades, continuarán cerrados. Los interrogantes, a partir de este momento, son múltiples, pero se centran básicamente en dos. ¿Habrá clases presenciales antes de que se termine el curso? En caso, contrario, ¿de qué manera se desarrollará este trimestre y cómo y cuándo se concluirá la actividad docente? La ministra de Educación, Isabel Celaá, se reúne hoy con los consejeros de las comunidades autónomas para decidir cómo se encara el final de curso, y es previsible que se llegue a un acuerdo del que dependen 8.200.000 alumnos y 712.000 profesores de colegios e institutos. Las posturas de las autonomías son bien distintas. Desde Castilla-La Mancha, que ve difícil la vuelta a las aulas, a Cataluña que presume un regreso gradual, a Navarra, que va a proponer al ministerio unir lo que queda de curso al próximo, configurando currículos conjuntos.
En Aragón, el consejero Felipe Faci apuesta por tener en cuenta más «las actitudes que las aptitudes» e insiste en reforzar el contacto del tutor con los alumnos y las familias para que se haga un seguimiento a distancia de la evolución de las tareas. Lo que si parece claro es que la resolución definitiva no pasará por el aprobado general. No si se sigue la resolución adoptada por el máximo órgano consultivo en materia de educación, el Consejo Escolar del Estado, antes de Semana Santa. También abogó por que las clases no se prolongaran más alla de junio. Una recomendación que choca con la propuesta que el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, hizo ayer: alargar el periodo lectivo hasta el 31 de julio para las enseñanzas superiores. Sea cual sea la propuesta, todo dependerá, como en todos los aspectos de la vida, de la evolución de la pandemia.
