Las autoridades decidieron que la vivienda iba a convertirse durante la crisis en la fórmula mágica para la financiación de los ayuntamientos: plusvalías, catastrazos, alzas en las tasas de servicios públicos, creación de nuevos impuestos (como el ICA en Aragón)... Pero en estas ha llegado el Constitucional y se ha cargado el cobro de las plusvalías si en la compareventa no se ha producido beneficio, dejando a ayuntamientos como el de Zaragoza en situación crítica. El fallo es totalmente justo, pero ya tarda el ministro Cristóbal Montoro en aclarar cómo van a hacer frente los municipios a las reclamaciones y en definir cómo van a sustituir estos magros ingresos que desaparecerán. Esto huele a nuevo impuesto.
