Cinco años después del crack inmobiliario del 2008, España da los primeros pasos firmes para atajar sus causas con la presentación por parte del Gobierno de un proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Hasta ahora, tanto el anterior Ejecutivo de Zapatero como el actual de Rajoy se habían dedicado a combatir las graves consecuencias de la implosión: colapso del sistema financiero, desconfianza de Europa, dramas humanos asociados a la pérdida de empleo y/o de vivienda- Pero excepción hecha de la ley de economía sostenible, un bodrio de corta y pega que se quedó en declaración de intenciones, no se había planteado un cambio legislativo para reorientar el urbanismo.
Con la presentación del plan estatal de vivienda y suelo, aprobado por el Consejo de Ministros de la semana pasada y que incluye el mencionado proyecto de ley entre otras medidas, se da un primer paso para orientar la actividad de la promoción y la renovación de viviendas hacia el interior de las ciudades, olvidándonos por fin de nuevos ensanches. Una modalidad expansiva que está detrás de los desmanes que se produjeron mientras se inflaba la burbuja inmobiliaria. Este plan aspira a la consolidación del tejido urbano existente, nada que ver con la liberalización del suelo que decretó el Gobierno de José María Aznar en 1998 y que convirtió España en un solar, y al menos sobre el papel, está llamado a cortar el escenario de crecimiento desaforado cuyos únicos beneficiarios fueron unas administraciones necesitadas de recursos para sus políticas expansivas, un sector financiero que participó de la fiesta del crédito barato e imposible y un sector promotor ávido de beneficios. La población hipnotizada por el perverso binomio vivienda-negocio se convirtió en cooperadora necesaria, y una parte sustancial de la misma rehén de un marco legal imprudente ante la adversidad. Es pronto para evaluar el impacto del nuevo plan, pero con desearle mejor suerte que la última modificación de la ley del suelo, que llegó cuando el mal era irreversible de manos de la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, parece suficiente.
Solo unos días después de que la ministra Ana Pastor presentara la nueva ley, se han celebrado en Zaragoza organizadas por el ayuntamiento unas pertinentes jornadas sobre urbanismo y crisis financiera en las que expertos y políticos han marcado las líneas generales de la ordenación inmobiliaria y urbanística de la ciudad. Se han escuchado reflexiones interesantísimas en esta "reparcelación de los horrores urbanísticos" (por utilizar la acertada definición de un ponente) en la que estamos inmersos y que es necesaria para fijar posiciones futuras. Por ejemplo, la del profesor de Arquitectura José Manuel Naredo, que abogó por un pacto de Estado post burbuja para resolver la situación actual y reorientar el modelo hacia un mayor intervencionismo que limite la política especulativa presente en el mercado desde los años 70 del siglo pasado. O la del profesor Antonio Montañés, que mostró datos muy contundentes acerca del diferencial de la burbuja en Aragón y la necesidad de cambiar el modelo de economía de la construcción, hoy necesitado de cambio.
Además de estas dos interesantes aportaciones, en estas jornadas se lanzaron otras proclamas que no pueden caer en saco roto. En la línea del nuevo plan de vivienda se planteó por parte de muchos ponentes la idea de concentrar de nuevo los cascos urbanos y no estimular la ciudad de usar y tirar, esa que se amplía permanentemente, que banaliza las distancias y que ha desordenado las urbes hasta hacerlas complejas e imposibles de mantener.
Desde la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza se comparte esta idea, con el planteamiento de que es necesario intervenir sobre la ciudad consolidada manteniendo los desarrollos planificados como reservorio futuro para satisfacer la demanda de viviendas, a razón de unos 3.800 huevos hogares al año. En el fondo de esta contraposición de modelos flotó el futuro de Arcosur.
Lógicamente, las jornadas no podían obviar el drama que supone para la población excluida como consecuencia de la crisis. El economista del Banco de España Julio Rodríguez defendió el alquiler como solución a futuro y reclamó cambios en el sistema hipotecario, que calificó de injusto y con tintes medievales. Pero no fue Rodríguez el único que consideró que se impondría la dación en pago para evitar dramas como los actuales, en un escenario que necesita no solo regulación para reorientar el sector inmobiliario, sino rescatar a un montón de ciudadanos atrapados en la perversa espiral de la deuda perpetua en un país que ha utilizado ingentes recursos públicos para desapalancar a sus bancos. Ese es el siguiente reto del Gobierno. De momento, el Ayuntamiento de Zaragoza plantea la promoción de viviendas protegidas de alquiler en los suelos públicos disponibles; incidiendo en el único camino a seguir: alquiler y regeneración urbana, beneficiando a los más débiles.
