Los servicios jurídicos de las Cortes consideran que la Ley de Evaluación Ambiental del Gobierno de Rajoy tiene "un vicio de inconstitucionalidad" y abre la puerta a los trasvases. Toda la Cámara apoyará un recurso contra la norma, incluido el PP. Otra posición sería indefendible, aunque se escuden en que afecta al Estatuto para justificar sus declaraciones en las que dijeron que la norma no recogía amenazas trasvasistas. El PAR se jacta de haber modificado la postura trasvasista del PSOE y del PP. Solo le falta convencer a Madrid.
