Pocas veces un presidente del Gobierno ha apelado tantas veces a la unidad como lo hizo anoche Pedro Sánchez al exponer el alcance de las medidas decretadas por el Gobierno al amparo de la declaración del estado de alarma. Puede decirse que la frase «vayamos todos a una» ha sido el eslogan de una intervención, largamente demorada, frente al recelo cuando no la crítica abierta de los presidentes de Euskadi y Cataluña ante la decisión del Ejecutivo de asumir el papel de única autoridad competente en el territorio español para poner en práctica las medidas contenidas en el real decreto ley.

A la vista de la gravedad, profundidad y repercusiones de la crisis en curso, es deseable que las divergencias entre diferentes niveles de la estructura del Estado no se adueñen del debate político. Carece de sentido politizar la adopción y gestión de medidas que han de tener como primer y único objetivo derrotar el coronavirus. Hubo politización en las horas previas a la comparecencia del presidente del Gobierno y la hubo con toda seguridad durante el Consejo de Ministros extraordinario, única explicación verosímil de su larguísima duración, que tensó al máximo las costuras de la coalición que gobierna. Las quejas de Iñigo Urkullu y Quim Torra son inoportunas porque anteponen la discusión competencial a la evidencia irrefutable de que limitaría la eficacia de las medidas adoptadas cuartear la dirección para la aplicación de las mismas. Cosa diferente es que se descentralice su aplicación sobre el terreno.

Por lo demás, el contenido del decreto atiende a criterios científicos encaminados a evitar las rutas de contagio hasta donde es humanamente posible. No hay en ellas nada que pueda sorprender a la sociedad española, se atienen a lo experimentado como efectivo, a las recomendaciones de la OMS y al convencimiento de que, de momento, son las únicas medidas factibles para doblegar la curva de propagación. Es obvio que el virus no entiende de territorios, de límites y de fronteras, de forma que lo único realmente posible en estos momentos es lograr, como ha dicho Pedro Sánchez, que sea mínimo el precio que pague la sociedad para vencerlo. Y es asimismo obvio que solo imponer límites a la vida cotidiana, a la libertad de movimientos y a las relaciones sociales puede acabar con la pesadilla.

Para que tal cosa se logre es de esperar que a partir de ahora todos los ciudadanos asuman la responsabilidad de cumplir con aquello prescrito por las autoridades. La disciplina social y la solidaridad son exactamente esto: quedarse en casa, olvidarse de los actos cotidianos de ocio en espacios públicos y no sumarse a irresponsables episodios de acaparamiento. Las redes de distribución de alimentos, medicinas y otros productos esenciales garantizan un suministro regular en los difíciles días que se avecinan, durante los cuales es posible que sean necesarias medidas adicionales imposibles de prever. El combate contra el virus es un desafío colectivo que requiere la complicidad de todos en una misma dirección.