El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Ahora, el proyecto legal inicia su tramitación parlamentaria. Si no encuentra escollos en las Cortes, España tendrá una ley pionera, de las más avanzadas del mundo en la protección de los niños y las niñas. Los cien menores que cada día son víctimas de algún delito que es denunciado, la punta del iceberg según los expertos, dan el punto exacto de la urgencia y la necesidad de que también se ha denominado ley Rhodes, en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales en la infancia y ha propugnado su aprobación. Es una ley precursora que no solo pretende romper con una situación de falta de amparo lacerante, sino que es un ejemplo de la mejor política. El proyecto nació con el Gobierno del PP en el 2016, el anteproyecto fue aprobado por el anterior Ejecutivo socialista y es ahora, con el Gobierno de coalición, que se remite al Congreso. Un amplio consenso político para poner fin a una lacra insoportable.

La ley sitúa los derechos de la infancia en el centro y contempla su protección desde diferentes ángulos. Una de las medidas más importantes y solicitadas por las víctimas, especialistas y entidades es la ampliación de los plazos de prescripción. Hasta ahora, el plazo empezaba a contar a partir de la mayoría de edad del afectado. Ahora, con la nueva ley, el cómputo de la prescripción empieza a partir de los 30 años del denunciante. Es una medida fundamental. En los casos de abusos sexuales infantiles, el trauma de la experiencia paraliza a la víctima. O por temor o porque su mente ha escondido el recuerdo por simple supervivencia, la persona no es capaz de denunciar los hechos hasta al cabo de años o décadas.

El deber de denunciar ante la evidencia o sospecha de un delito también es otro de los puntos determinantes del nuevo proyecto de Ley orgánica. Demasiadas veces, un manto de silencio ha encubierto a los agresores y ha obligado a las víctimas a vivir una doble humillación, un dolor extendido. En cualquier lugar donde hay jerarquía de poder pueden darse casos de abusos. Y eso incluye la familia. La futura ley obligará a denunciar al cónyuge o al familiar que haya cometido un hecho delictivo contra un menor.

Además de la extensión del plazo de prescripción y el deber de denunciar, el anteproyecto determina nuevos protocolos para los profesionales y crea nuevos delitos para castigar a quienes usen las nuevas tecnologías para el abuso o para incitar al suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios de los menores. De hecho, pretende abarcar cualquier forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, también los castigos físicos, el descuido o el trato negligente. En su conjunto, es una revisión de los organismos judiciales, educativos y sanitarios para ponerlos al servicio de la protección de los niños. Un objetivo que debe implicar a toda la sociedad. La mitad de las denuncias por agresión sexual en España tienen como víctimas a menores. Y solo llegan a conocerse un 15%. El infierno de tantos niños merece que la crispación política no llegue hasta ellos y la nueva ley sea aprobada sin mercadeo partidista.