El lunes 25 de mayo, por la mañana, la Comisión de Urbanismo aprueba inicialmente la modificación aislada nº 175 del PGOU delimitando una nueva parcela de equipamiento sanitario privado. Por la tarde el alcalde Azcón preside la última sesión de consultas de la Comisión para el Futuro de Zaragoza. Cabría pensar que ambas reuniones se desarrollarían bajo objetivos similares: el interés general de la ciudad. Pero los hechos acreditan lo contrario.

Esa mañana PP, Ciudadanos y Vox recalifican 20.000 m2 de zona verde de una parcela municipal transformándolos en suelos para equipamientos sanitarios privados (30.000 m2 de edificabilidad) para su posterior venta. Unos suelos situados en la avenida Gómez Laguna, zona carente de los mínimos equipamientos municipales pese a la antigua reivindicación vecinal. Esa mañana el gobierno valora en 15.000.000 euros el ingreso municipal de la venta, si bien otros lo rebajan hasta 10 al detraer los correspondientes gastos de urbanización. Toda la oposición interpela al consejero sobre posibles compradores, pues modificación tan específica aconseja tener atada y bien atada la operación al no abundar empresas promotoras de este tipo de iniciativas. Como respuesta reciben meras evasivas, pero los medios de comunicación ponen nombre al comprador: el grupo Quirón.

En 2014 la familia zaragozana Cordón, entre otros accionistas, vende su participación en el grupo a CVC, gigante europeo de fondos de capital riesgo con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Y este, en 2016, lo transmite por 5.760 millones de euros a la multinacional alemana Fresenius. El grupo teutón, líder en España en servicios sanitarios, cuenta con 13 millones de pacientes, 40.000 trabajadores, 52 hospitales (7.745 camas), 101 centros ambulatorios, 4 compañías de riesgos laborales con 300 centros de prevención y una facturación en 2018 de más de 3.000.000.000 euros que le generan 413 millones de beneficios. Ruber Internacional, Fundación Jiménez Díaz, hospital Infanta Elena o Rey Juan Carlos, Teknon o Dexeus, frecuentados por la realeza, deportistas de élite, la farándula y presidentas de la Comunidad de Madrid, integran Quironsalud; Quirónsalud Dubai en los Emiratos Árabes también es del grupo.

Pero no es oro todo lo que reluce. En 2019 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acreditó ingresos «irregulares» por 21 millones de euros obtenidos por la multinacional gracias al pago a facultativos hospitalarios de Barcelona, Valencia y Santander. De éstos obtenían información privilegiada de concursos públicos, influían en la redacción de clausulas técnicas y en la deriva de pacientes a favor de Fresenius. La empresa, tras reconocer su responsabilidad, cerró con las autoridades americanas un acuerdo de no enjuiciamiento por violación de la ley de prácticas corruptas en 11 países, eludiendo responsabilidades penales y civiles, previo pago de 208 millones de euros.

Quirón destaca como «influencer urbanístico». En Torrejón de Ardoz, tras oportuna modificación del planeamiento como en Zaragoza, obtiene la concesión demanial de 16.000 m2 municipales para la construcción de un nuevo hospital que dista 500 m. del Hospital Universitario; además «el buen hacer empresarial» consigue la revisión de la evaluación acústica por proximidad a la base aérea, circunstancia esta que también podría acontecer en el corredor del aeropuerto zaragozano que dispone de reservas de suelo para edificaciones de alta sensibilidad al ruido como las sanitarias. En Málaga, su Gerencia de Urbanismo aprueba el pasado abril el proyecto de ampliación del hospital Quirón y la promoción de 68 nuevas viviendas en un mismo solar. La celeridad en tramitaciones administrativas también parece característica cuasi innata en Quironsalud; en nuestro caso en poco más de un mes se inicia y aprueba el expediente en Pleno. Lo dicho, todo un influencer.

Con este marco hemos escuchamos justificaciones varias del tripartito PP, Ciudadanos y Vox sobre la necesaria modificación urbanística y la posterior venta de la parcela.

Recursos para las arcas municipales, por venta de suelo del propio ayuntamiento y no de agentes privados; pero cabe preguntarse si la operación ¿responde al interés general de toda actuación municipal o al interés privado del futuro promotor? Generación de puestos de trabajos aparejados a las obras; pero cabe preguntarse ¿proyectos como los depósitos de Pignatelli, con ampliación de zona verde, dotación de equipamientos y vivienda, u operación Pontoneros de vivienda pública, que el ayuntamiento tiene paralizados, no ocuparían también mano de obra?

El alegato del reforzamiento de la red sanitaria zaragozana merece mención especial. Las 3750 camas (2625 públicas/1125 privadas) con una ratio de 556 camas/100.000 hab., superior a la media nacional, se han demostrado suficientes ante la mayor pandemia de los últimos cien años. El axioma «más camas mejor salud pública» se cuestiona por los profesionales de la sanidad porque camas vinculadas a intervenciones para masculinizar la voz o a combatir alopecias, como publicitan ciertos hospitales, poco o nada tienen que ver con un verdadero modelo de salud. La profusión de la medicina hospitalaria responde, en muchos casos, a un mero interés privado. Frente a ello la verdadera apuesta pasa por el reforzamiento de la atención primaria y los centros de salud, recursos sanitarios fundamentales para garantizar la salud universal, continuada y equitativa para toda la población, como reivindican la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública o la nueva consejera de Sanidad de la DGA.

Pero los tiempos que corren, lamentablemente, nos llevan en dirección contraria con medidas como la adoptada por PP, Ciudadanos y Vox en el pleno municipal del 29 de mayo, recalificando suelos y colocando moqueta roja al proceso de privatización de la sanidad.

Una sanidad privada concertada que, ante saturaciones, deriva a centros hospitalarios situados a más de 40 kilómetros por el mero hecho de pertenecer al mismo grupo empresarial, asumiendo además la administración pública los gastos de traslado; que, como recoge algún informe de Cámara de Cuentas, multiplica por 6 los costes de cirugías ambularías en relación con la sanidad pública. Una sanidad privada que en España obtiene anualmente casi 6.000 millones de euros para sufragar convenios y conciertos asistenciales por derivas hospitalarias. Una sanidad privada que en Aragón, donde en la última década el gasto sanitario se reduce un 11% (1433 euros/hab./2018), incrementa el gasto de la deriva de pacientes a sus hospitales, con un desembolso del Gobierno autonómico de más de 11 millones de euros anuales.

Ante la actual crisis sanitaria, la pandemia del covid-19, la sanidad pública se ha revelado como la única herramienta válida para salir bien parados, como reconocieron los zaragozanos y zaragozanas a las 8 de la tarde desde sus balcones.

Lamentablemente, el Ayuntamiento de Zaragoza, con la nueva recalificación, está sirviendo un menú degustación presentado por diligentes y abnegados camareros a los grandes grupos de la sanidad privada, al que únicamente le falta un sabroso postre con crema alemana a degustar junto al parque José Antonio Labordeta.

*Miembro de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ)