El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Educación mantienen una seria discrepancia sobre cómo debe afrontarse la vuelta a las aulas el próximo curso. Ninguna de las dos administraciones parece ponerse de acuerdo ni encontrar puntos de encuentro y, como ocurre en casi cualquier desencuentro, es difícil posicionarse incondicionalmente al lado de una de las dos. Porque, posiblemente, ambas tienen los suficientes elementos de juicio como para defender su postura. En cualquier caso, la mayor parte de la comunidad educativa sí parece estar más cerca de las posiciones del ministerio, que insiste en que la vuelta al curso deberá hacerse con mascarilla y con aulas en las que los alumnos mantengan una separación de un metro y medio.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, como ya indicó en su comparecencia del pasado domingo el propio presidente, Javier Lambán, insiste en que se flexibilice esta norma y cuestionó el uso de las mascarillas entre el alumnado y reclamó que se suavice la norma de la distancia de seguridad y se reduzca a un metro. Lambán apeló a los criterios de la OMS y Francia también lo ha solicitado.

Obviamente, los criterios del organismo mundial de referencia son los que deben prevalecer, si bien ya nos hemos acostumbrado a que estos oscilen y cambien con cierta facilidad, como ha sucedido desde que se declaró la pandemia. Bajo las reivindicaciones del Ejecutivo autonómico hay una cuestion que por prosaica que sea no deja de ser fundamental: la falta de recursos económicos para atender la propuesta del ministerio. Porque, unas aulas con menos alumnos exigirá la contratación de más profesorado, algo que ya están haciendo otras comunidades autónomas pero que no parece que de momento sea la intención del Ejecutivo autonómico, que ayer en palabras de su portavoz, Mayte Pérez, apeló a un cambio de postura por parte de la ministra, Isabel Celaá, que no parece estar muy dispuesta.

Por tanto, urge que este desencuentro desemboque en un acuerdo, en especial para generar tranquilidad en las familias aragonesas, que andan un tanto desconcertadas con estos criterios tan dispares. Por otra parte, la llegada de fondos estatales podrían invertirse en tratar de solucionar los problemas que surjan de las nuevas normas tras la pandemia. En cualquier caso, la portavoz del Gobierno aragonés, que además conoce bien el sistema educativo ya que fue la consejera del ramo en la pasada legislatura, aseguró ayer que la seguridad y la tranquilidad está garantizada ocurra lo que ocurra.

Por otra parte, el ministerio tal vez debería haber tenido en cuenta los problemas que una normativa estricta -aunque seguro que justificada- puede originar en las comunidades, con competencias en educación. Si hace unos días anunció un fondo para la incorporación de material tecnológico e informático para alumnos, también se podría haber previsto una parte de ese dinero para contratar profesorado. Porque la tecnología, la informática y los ordenadores son necesarios y está bien que se dote de ellos a quien no puede adquirirlos. Pero nada reemplaza el factor humano del profesorado.