El recuento anoche de los votos define las posibilidades de formación del nuevo Gobierno. Afrontar la mochila de gestión de la nueva legislatura, con los problemas que se arrastran del pasado, los que se han hecho hueco en el presente y los que surgirán a lo largo de los próximos años marcarán los retos del nuevo Ejecutivo. Y sus prioridades al enfocarlos. De entre todos, el combate contra la precarización laboral debe convertirse en la línea de actuación constante en la agenda política diaria porque implica no solo al bienestar presente, sino que actúa como una infección frente al inmediato y más lejano porvenir a través de su repercusión en las pensiones. Los datos del último trimestre desgajan que uno de cada cuatro contratos tiene una duración de menos de una semana y el 37% no supera el mes. Y desde que se inició la recuperación de empleo hace cinco años, el incremento porcentual de estos minicontratos ha crecido tres puntos. La bomba de relojería que esto supone está aumentando su carga y, o se desactiva el mecanismo que la alimenta, o la deflagración se convertirá en incontrolable. Con la agravante de que, de los contratos indefinidos firmados en 2017, la mitad no siguen activos dos años después. Y semejante panorama transcurre con el asentamiento de la tecnología digital, la globalización y la hiperconectabilidad, condiciones sobre las que la Organización Mundial del Trabajo alerta como fuentes de incertidumbre, inestabilidad y peores condiciones laborales. Y la mayoría de vidas inician su jornada acudiendo a su empleo, como sus señorías al Parlamento. H *Periodista
