Un Valle para la memoria (democrática)

Valle de los Caídos, julio del 2018. Monumento funerario español, construido por prisioneros republicanos, en el que muchos de ellos murieron y donde hay enterradas más de 40.000 personas. En el centro de la basílica se encuentran los restos mortales del dictador Francisco Franco así como los del falangista José Antonio Primo de Rivera. A su entrada, la inscripción Caídos por Dios y por España nos recuerda que es sobre todo un monumento de exaltación franquista. Cuando llegas a Cuelgamuros puedes visitar el recinto sin interpretación alguna de lo que supuso aquel espacio, sin explicar cómo el trabajo forzoso de miles de presos políticos construyeron aquello, sin interpretar, como pasa en los lugares del horror, lo que fue la represión, sin explicar la lucha antifranquista.

EL 21 DE FEBRERO del 2006, desde la tribuna del Congreso, en la presentación de una proposición de ley del grupo parlamentario de IU-ICV, reclamamos, entre otras cosas, hacer del Valle de los Caídos el centro del memorial de la libertad, que allí estuviese la sede del instituto de la memoria democrática, que se instalase un museo de la represión, y la retirada de los restos de Franco y de Primo de Rivera a sus respectivos panteones familiares. En aquel debate, el diputado Carlos Aragonés (exjefe de Gabinete de José María Aznar) hizo signos de desaprobación con gestos de locura. La locura era (y ha seguido siendo) que en un espacio que es patrimonio nacional se hiciese apología del franquismo y que 32 años después de la muerte del dictador la derecha vetase un espacio de la memoria en el Valle de los Caídos y que se acabase aceptando el veto.

Año y medio después, en otoño del 2007, en la recta final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se discutía si desencallábamos la ley de la memoria histórica. El proyecto de ley no había abordado lo que muchos entendíamos fundamental en una ley de la memoria democrática que se reconociese como tal: impulsar una política pública que promoviese la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democráticas; constituir el instituto de la memoria y la cultura democráticas; desarrollar los programas de fomento y recuperación de la misma memoria y, por último, promover la declaración de nulidad de las resoluciones y las sentencias que se dictaron durante el franquismo.

Estuvimos en el largo proceso de negociación, y el proyecto que vio la luz, un texto claramente insuficiente, permitía poner las bases para un incipiente desarrollo de las políticas públicas de memoria, aunque, como se ha visto, no lo suficientemente robustas como para que un Ejecutivo conservador hiciese después caso omiso. Establecía la necesidad de hacer políticas públicas cuando el texto inicial del Gobierno hablaba de la memoria individual, no responsabilizando a las instituciones; establecía un proceso de anulabilidad, aparcando la especie de certificados de «injusticia» en que se había quedado el Ejecutivo --si bien no abordaba la solución de la nulidad de las sentencia--, y solventaba el acceso a los archivos desordenados de la represión.

EN LO QUE SE refiere al Valle de los Caídos, durante aquellos días, en estrecha negociación con el Gobierno, se había alcanzado un acuerdo, trasladado en forma de enmienda, para hacer del Valle un espacio de la memoria y la recuperación democráticas. Se trataba de que en España, como en tantos otros lugares del mundo, se pudiese interpretar y explicar la dictadura y reivindicar la lucha antifranquista. Aquel texto pactado con el entonces secretario de Estado, Fran Caamaño, y con Diego López Garrido, finalmente no vio la luz. Los benedictinos del Valle --eso nos contaron-- habían movido Roma con Santiago para que el texto no prosperase. Contactaron con los benedictinos de Montserrat, y estos con Josep Antoni Duran Lleida. Finalmente, la vicepresidenta del Gobierno y el propio Duran Lleida acordaron que la enmienda no se incorporase.

Los restos de Franco se van a retirar del Valle de los Caídos. Este va a ser, seguramente, uno de los grandes gestos, no solo simbólicos, del Gobierno de Pedro Sánchez. Diez años después de la discusión de la ley de memoria histórica --aunque prefiero el término de memoria democrática el gesto de la retirada de los restos del dictador debería ser el argumento para hacer lo que la ley y el Ejecutivo de entonces no hicieron: la nulidad de las sentencias del franquismo, y sobre todo, hacer del Valle de Cuelgamuros un complejo para interpretación de la dictadura y de reivindicación de la lucha antifranquista.

*Abogado y exdiputado de ICV. Patrón de la Fundación Energías Renovables