La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera ilegal el llamado céntimo sanitario que España estuvo aplicando como recargo en el impuesto de hidrocarburos durante 11 años supone un nuevo varapalo comunitario a la Administración y la confirmación de que en su momento se actuó con una imprudencia rayana en la irresponsabilidad. Porque ya en el 2002, cuando el Gobierno de José María Aznar --apoyado por la Generalitat de Jordi Pujol-- instauró ese recargo, la legislación de la UE prohibía imponer en los hidrocarburos tasas distintas del propio impuesto especial sobre estos combustibles. Es decir, Bruselas, con lógica, había establecido que cada producto o servicio debe estar gravado una sola vez, y que si la sanidad pública española precisaba ingresos suplementarios para paliar su creciente déficit --que de eso se trataba mediante ese céntimo--, lo adecuado era una política de distribución de los recursos que primase la propia sanidad. Y que en todo caso España podía haber incrementado la fiscalidad general sobre los hidrocarburos, que es lo que se hizo finalmente en el 2013, pero no introducir ese añadido.

DERECHO DE LOS PERJUDICADOS

Madrid no solo estaba obligado a saber eso, sino que la propia UE le recordó en el 2001a modo de advertencia, sin ningún éxito, que cometería una ilegalidad si llevaba adelante su plan, y que además había jurisprudencia al respecto. De modo que la petición del Gobierno de que el fallo condenatorio no tenga efectos retroactivos tiene escasísima legitimidad. Bastante puede agradecer España que los perjudicados solo tengan derecho a reclamar el céntimo sanitario pagado desde marzo del 2010, porque los daños causados en los ocho años anteriores ya han prescrito. Como además muy pocos consumidores particulares tendrán aún las facturas del combustible comprado cuando estaba vigente el recargo, es difícil que las arcas públicas se vean sometidas a una gran presión indemnizatoria.

CONFIANZA EN EUROPA

En todo caso, la sentencia debe significar un aumento de la confianza de los ciudadanos hacia una UE no sobrada de fortaleza política y credibilidad, porque este contencioso fue iniciado por un anónimo transportista. Y también debe servir para recordar el principio básico de que en un Estado moderno la política impositiva precisa de la mayor transparencia posible.