¿Qué pensarán en el Vaticano de la decisión de una jueza de Huesca de citar a los exconsejeros de Cultura de Cataluña Santi Vila y Lluís Puig como investigados por delitos de desobediencia y prevaricación al negarse a facilitar el retorno de las piezas de Sijena desde el Museo de Lérida? Mientras la Justicia vaticana ha mostrado su absoluta inutilidad para resolver reclamaciones patrimoniales, la tan denostada Justicia española avanza con paso firme. Y no solo para la consecución de un objetivo (la entrega de unas obras a sus legítimos propietarios) sino para castigar a los díscolos. Si Roma hubiera actuado igual con algún obispo rebelde, el conflicto de los bienes estaría hoy plenamente resuelto.