Estados Unidos es el país de los abogados: cualquier desacuerdo desemboca enseguida en una reclamación judicial. Sin embargo, el número de sentencias es proporcionalmente escaso, porque los procedimientos suelen terminar con un arreglo económico. Las grandes compañías tabaqueras norteamericanas tienen un largo historial de demandas, pero también de transacciones extrajudiciales. Ahora vuelven a tener problemas. Una juez federal de Washington ha admitido a trámite una demanda multimillonaria contra las siete principales productoras de tabaco. De prosperar, el futuro y la viabilidad de las empresas está en juego. Quizá terminemos dejando de fumar, pero no por nuestra propia voluntad, sino porque quienes fabrican y venden los cigarrillos quiebren y dejen el negocio.
ESTE NUEVOcaso presenta algunas singularidades. Primero, porque el demandante es el Gobierno federal. Las investigaciones comenzaron con Clinton y han continuado con Bush. Segundo, porque la Administración pública y las tabaqueras ya habían llegado a un acuerdo indemnizatorio (250.000 millones de dólares, el coste estimado del tratamiento médico de los fumadores enfermos) después de otra demanda interpuesta coordinadamente en 1998 por las fiscalías de los 50 Estados. Y tercero, porque la nueva demanda se ampara en una ley de 1970, la Rico Act, inicialmente diseñada para combatir el crimen organizado, que castiga penal y civilmente a las organizaciones "corruptas y defraudadoras".
La ley Rico fue utilizada en los años 70 y 80 contra la Mafia para desmantelar la infraestructura económica y financiera de los grupos criminales. Fue la ley aplicada, por ejemplo, al grupo de Gaetano Badalamenti, uno de los principales capos de la Mafia siciliana, dueño de Palermo durante muchos años, perdedor de la cruenta guerra contra la familia de los Corleoneses, refugiado entonces en España, y de aquí extraditado a EEUU.
Hace varios años, los abogados de EEUU descubrieron las posibilidades de la ley Rico para sustentar demandas civiles contra las actividades fraudulentas de otros grupos o colectivos. Es famosa la demanda de las clínicas abortistas contra los grupos radicales pro-vida. Como consecuencia de sus amenazas y atentados, estos grupos fueron condenados a pagar las inversiones en medidas de seguridad que tuvieron que hacer las clínicas para protegerse. Asimismo, la Iglesia católica norteamericana fue demandada el año pasado por los abusos sexuales de los sacerdotes contra sus feligreses menores de edad.
Les ha tocado ahora a las tabaqueras. Según los fiscales, las compañías se habían comprometido a eliminar los mensajes engañosos de su publicidad, a no dirigir sus campañas a los sectores más vulnerables --principalmente los niños-- y a adoptar otras medidas comerciales restrictivas, y no lo han cumplido. La demanda asegura que los cambios han sido escasos y tardíos, que las compañías han seguido engañando a los consumidores, negando que el tabaco cause cáncer y ocultando la naturaleza adictiva de la nicotina. Seguirán defraudándoles en el futuro --dice el Gobierno-- a menos que prospere la demanda. Por ello, el Estado reclama una indemnización de 289.000 millones de dólares, cantidad en la que evalúa las ganancias ilícitas que las tabaqueras han conseguido en estos años mediante procedimientos fraudulentos.
NO JUEGANlimpio --ha sido la respuesta de las tabaqueras--. Es cierto que en el pasado utilizamos medios ilegales para promover el negocio, pero ya pagamos por ello. Nunca hemos concertado nuestra actividad, ni hemos conspirado para engañar a nuestros clientes. Las compañías han enmendado su conducta, y ahora comercian legalmente con un producto peligroso pero no prohibido, el tabaco. No es ésta la primera vez que se vincula a las tabaqueras con actividades fraudulentas. Hace cuatro años, también la Comisión Europea demandó a las dos compañías más importantes, R.J. Reynolds y Philip Morris, por su presunta colaboración con los grupos del crimen organizado en el contrabando de tabaco en la UE. En el 2001, un juez de California ya multó a R.J. Reynolds por dirigir su márketing a los niños.
El primer asalto de la demanda civil más cara de la historia ha sido ganado por los fiscales. La juez ha rechazado la alegación de las defensas de que la demanda debería ser desestimada en virtud del acuerdo alcanzado hace seis años. Y también su alegación de que el Estado se ha excedido en sus atribuciones: la juez les ha recordado que es misión del Estado hacer cumplir las leyes, y la Rico es una de ellas.
Como las estadounidenses, las autoridades europeas se debaten en una severa contradicción con el tabaco: es una droga fuertemente adictiva, que causa graves enfermedades, muchas muertes, e incrementa enormemente el gasto sanitario. Es, al tiempo, un producto excepcionalmente rentable y una gran fuente de ingresos para el erario público debido a la alta tributación a la que está sometido. Es necesario buscar el equilibrio: arbitrar políticas públicas que hagan compatible la libertad del fumador y la salud de los no fumadores, que compensen el gasto sanitario y los ingresos tributarios derivados del tabaco, que erradiquen la publicidad engañosa y la dirigida a los sectores vulnerables. Y sería deseable un mayor sentido de responsabilidad de las empresas productoras, aunque no cabe hacerse ilusiones: durante el juicio que acaba de comenzar, el abogado de R.J. Reynolds insistió en la inocencia de su cliente basándose en que, aunque la Agencia norteamericana de Protección del Medio Ambiente afirmó hace más de 10 años que el humo inhalado por los fumadores pasivos es cancerígeno, algunos científicos "independientes" cuestionan que les perjudique. El problema es que las compañías, que enseguida impugnaron judicialmente la afirmación de la Agencia, perdieron la demanda.
*Fiscal anticorrupción y profesor visitante en la Universidad de San Francisco
