Cambian las tornas y el tiempo acaba dando la razón a quien la tiene, y no a quien la quiere. Hace sólo unos meses, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, acusaba a la entonces oposición parlamentaria de "utilizar" a los militares españoles muertos en el Yak-42 por poner en duda el proceso de identificación y repatriación que había llevado a cabo el Ministerio de Defensa y por pedir responsabilidades. Fue, recuerdo, un debate hosco, malcarado y con la tensión propia de los asuntos delicados que se cierran en falso, con un presidente urgido por las prisas y exhibiendo métodos caducos.
Pasados los meses y realizadas las pruebas pertinentes, se ha demostrado científicamente que las enormes incógnitas que generaron zozobra entre las familias de las víctimas y malestar entre los partidos estaban absolutamente justificadas. La identificación, ha quedado claro, fue una suerte de lotería sin método adecuado ni rigor empírico, y los resultados son los que son, y no los que pretendía el Partido Popular. Nada más suceder el accidente, se quiso hacer en media hora un trabajo para el que los forenses suelen emplear tres horas, con lo que no eran necesarias las dotes de adivinación para aventurar lo sucedido posteriormente. El dato es contundente: al menos 22 de las pruebas de ADN a que se sometieron recientemente parte de los familiares de los fallecidos no concuerdan con las muestras tomadas a los restos que les fueron entregados para su entierro o incineración.
Provoca tristeza e indignación pensar en los parientes y amigos de 62 servidores de la patria que han sido engañados y, lo que es peor, todavía no han sido resarcidos ni judicial ni sentimentalmente. Tras confirmarse errores de identificación en más de la mitad de los fallecidos entregados a las familias, no caben excusas. De entrada, el exministro Federico Trillo, que sigue siendo diputado nacional, debería dimitir de cualquier responsabilidad política. Así lo han pedido desde la asociación de familiares, aunque esta reclamación ni tendría que haberse producido; Trillo debería haberse quedado en su casa nada más escuchar el primer informativo de la mañana del viernes, antes incluso de que le echaran algún periódico por debajo de la puerta.
No caben excusas con Trillo, y no sólo porque no garantizara un proceso de repatriación digno siendo el máximo responsable político de las Fuerzas Armadas en el momento de la tragedia, sino por haberse empecinado posteriormente en el error y no haber hecho ni caso a quienes demostraban que las dudas eran razonables y merecían ser atendidas. El exministro se cerró en banda y, además de no permitir que nadie le llevara la contraria, estigmatizó con duras críticas a medios de comunicación, como EL PERIODICO, que trabajaron para denunciar los posibles errores y demostraron la debilidad del proceso seguido en el caso del Yak-42. Trillo llegó a denunciar incluso un tratamiento informativo poco respetuoso con "la memoria y la intimidad" de los muertos. Hoy queda claro quién fue respetuoso con las familias y comprometido con la verdad y quién hizo dejación de funciones, por más que portavoces populares como Eduardo Zaplana se empeñen aún en defender lo indefendible.
Urge una depuración de toda la responsabilidad política, y su sucesor en la siempre complicada cartera de Defensa, José Bono, no ha tenido más remedio que cortar por lo sano y relevar a toda la cúpula militar, cuya imagen ha quedado seriamente dañada por el fiasco de las identificaciones. Pero además del resarcimiento político, hay que actuar en otras esferas, y en concreto, es necesario que los dos generales que tutelaron el proceso expliquen por qué se cometieron estos errores. Porque, a la vista de los resultados de las pruebas de ADN, ¿cómo es posible rubricar un informe en el que se asevera que, pese a las dificultades, queda garantizada la correcta entrega de los fallecidos a las familias? Antes de resolver el tema judicialmente, se debe esclarecer con pelos y señales el enorme desaguisado.
Y llegados a este punto, parece evidente que los abogados que defienden los intereses de las víctimas ya no piensen sólo en una negligencia, sino que incorporen otras posibilidades delictivas a sus demandas. La palabra prevaricación ya se pudo escuchar el viernes por la tarde, pronunciada por distintas personas y en diversos foros. Llevar hasta sus últimas consecuencias el escándalo del Yak 42, que presenta otras muchas lagunas no menos graves --este mismo diario informó, por ejemplo, de la aparición en la zona turca del accidente de restos humanos que ni siquiera fueron repatriados--, es una obligación en un Estado de Derecho. Sin ánimo revanchista, se hicieron tan mal las cosas --sólo hay que recordar el papelón de los Reyes en el funeral de Estado ante un gobierno huidizo--, que sólo queda un camino: llegar hasta el final, caiga quien caiga. Las familias merecen el restablecimiento de la verdad para recuperar la confianza en un ministerio que, guste o no, sólo recuperará su buena imagen ante la opinión pública y ante el propio estamento militar depurando responsabilidades a fondo.
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