La Supercopa de España se celebrará en Arabia Saudí en enero con la participación de Real Madrid, Barcelona, Atlético y Valencia. El contrato es por tres años y contempla beneficios de unos 35 o 40 millones por temporada. Ese es el precio. Eso vale llevar el deporte, sus valores y el nombre de España a un país que vulnera de forma sistemática los derechos humanos. En marzo, por primera vez en su historia, el Consejo de Derechos de la ONU reprobó a Arabia Saudí. Treinta y seis países, entre ellos los 28 miembros de la UE, secundaron la condena del autoritarismo del régimen. Amnistía Internacional, además de «la discriminación que sufren las mujeres», condena el largo historial de vulneraciones de derechos humanos en Arabia Saudí, «su participación en la guerra de Yemen, el uso extendido de la pena de muerte o de la tortura y otros malos tratos a personas detenidas». Por no hablar del tremebundo asesinato del periodista Jamal Kashoggi en el consulado saudí de Estambul, atribuido a agentes del reino. Cuando hablamos de Arabia Saudí, estamos hablando de múltiples modos de matar.
Capítulo aparte merece el cinismo con el que se pretende vender la apertura de los estadios a las mujeres para ver los encuentros deportivos de la Supercopa. Una vergonzosa concesión de un régimen que aún trata a las mujeres como ciudadanos de segunda. Cabe recordar que todas las mujeres del reino tienen un wali o guardián hombre (generalmente padre, hermano o marido) y necesitan su consentimiento para numerosas actividades de su vida, incluido casarse o vivir solas. También en la calle son sometidas a la policía religiosa, encargada de velar por el respeto a un código de indumentaria.
La integridad figura en el decálogo de valores de la Federación Española de Fútbol. Cuesta creer que la decisión de trasladar la Supercopa a Arabia Saudí sea consecuente con sus principios. Poner en venta la ética es un desprecio a todo lo que debe significar el mundo del deporte.
