El Informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 'Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal' del 2020 plantea un problema clave en esta España nuestra: la vertebración territorial. Y posibles soluciones. Sobre él hablaré hoy.
Existe un gran dinamismo económico en Madrid con un claro protagonismo del sector privado como motor, pero también es muy importante el acompañamiento del sector público central y autonómico. Es el efecto de la "capitalidad". Ese dinamismo no se explica exclusivamente, como nos pretenden convencer los políticos y medios capitalinos, por el carácter emprendedor e innovador del sector privado; ni tampoco por su 'dumping' fiscal.
En Madrid existe una gran aglomeración de centros de decisión políticos --Cortes, la Moncloa y el Consejo General del Poder Judicial--, cuyos actores establecen relaciones entre sí, profesional y personalmente, lo que determina un mayor nivel de información compartida y confianza entre ellas, que refuerza el capital relacional del centro frente a la periferia y fortalece su influencia.
Los centros de decisión privados tienden a concentrarse también en la capital, con el objetivo de mejorar sus oportunidades al estar cerca de los centros de decisión públicos, para beneficiarse de la contratación pública e influir en sus decisiones, lo que supone la aparición de economías de aglomeración público-privadas.
Externalidades
Además, en la medida que los centros de decisión crean mucho empleo cualificado -tanto público como privado-- y salarios elevados, se generan las externalidades que estas ocupaciones tienen como consumidoras intensivas de servicios personales, ampliándose por esta vía la actividad económica.
Es cuestionable el gran apoyo público al sector privado en Madrid. Porque refuerza la tendencia a la divergencia entre Madrid y gran parte de las regiones españolas, en lugar de compensar el proceso de polarización entre regiones ricas y pobres en las últimas décadas. Madrid es una aspiradora de las comunidades colindantes. Tiene mucho que ver con la "España vaciada", que es otro grave problema de vertebración territorial. No solo el de Cataluña. Más de 108.000 jóvenes se fueron de Castilla y León en la última década. La mayoría con destino a Madrid. Y de Aragón.
Todos los fines de semana vemos a muchos jóvenes coger el AVE en la Estación Delicias. Y también es cuestionable porque decanta la actuación de las autoridades centrales a favor de las empresas localizadas en Madrid, que cuenta con un nivel de renta por habitante muy por encima de la media, al celebrar muchos más contratos públicos con ellas que con las periféricas. ¿Tal hecho guarda alguna relación con el mayor nivel corrupción en Madrid? Un dato. Según los contratos recogidos por la Plataforma de Contratos del Sector Público del 2017, de las 109.422 licitaciones del Sector Público Estatal, un 72% corresponde a órganos de contratación ubicados en la Comunidad de Madrid y solo un 28% a órganos de fuera. Este porcentaje se eleva al 87% en el importe adjudicado, lo que refleja que los grandes contratos se gestionan desde Madrid, aunque se ejecuten en otras regiones.
La concentración del poder central no es la única opción para la organización del Estado. Ni tampoco responde a criterios de eficiencia, ni desde luego de equidad territorial o reparto del poder. Existen ejemplos a nivel internacional de instituciones públicas fuera de la capital del Estado. Alemania tiene gran número de agencias estatales, el Bundesbank, tribunales federales y algunos ministerios ubicados fuera de la capital. La Unión Europea cuenta con un gran número de agencias estatales y centros de investigación fuera de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, donde están las instituciones europeas. En España las posibilidades de descentralizar organismos del Sector Público Estatal son enormes: ministerios, tribunales, autoridades económicas y reguladoras, organismos autónomos, empresas públicas, agencias, centros de investigación y culturales... Algo hoy posible mediante las nuevas tecnologías a través del teletrabajo.
¿La Biblioteca Nacional en Cáceres?
¿La Biblioteca Nacional en Cáceres?¿Por qué no el Senado en Lérida? ¿El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Teruel? ¿El Ministerio de Ciencia e Innovación en Zamora? ¿El Tribunal Constitucional en Huelva? ¿La sede central de la UNED en Lugo? ¿La Biblioteca Nacional en Cáceres? La descentralización de instituciones públicas tendría efectos sobre el empleo público, pero también en el sector privado del área receptora, especialmente en el sector servicios de empleos cualificados. Un dato sobre el empleo público. En relación a su población a Madrid le correspondería el 14% del personal del Sector Público Estatal, pero la cifra es del 28%. Representa un plus de unos 75.000 empleados públicos más que, con sus familias, suponen unas 200.000 personas.
La descentralización serviría para reforzar los vínculos entre las regiones y las instituciones centrales. En definitiva, para promover el equilibrio territorial y su correspondiente vertebración. Y así es seguro que las tensiones entre el centro y la periferia se reducirían. Pero hace falta voluntad política. Y tener en cuenta la Constitución, ya que su artículo 2º habla de solidaridad entre las regiones, y no sólo de la unidad de la nación española. Y el artículo 31.2 "El gasto público realizará una asignación equitativa…"
