Como si te asomaras desde un décimo piso, con un poco de viento a favor que te hace perder la estabilidad y te encoge el estómago, avisando del riesgo que viene, así me encuentro. Esperando las malas noticias, que por más que anticipadas, siempre nos acaban sorprendiendo, y con una única esperanza, que sepamos reconducir a tiempo.

El resultado de las elecciones andaluzas ha incrementado las tensiones que ya sufríamos y ha añadido más incertidumbre sobre nuestro futuro político. El peor de todos los escenarios posibles se produjo: poco más de la mitad de los andaluces fueron a votar, alrededor del 58%. Con una abstención que no se reparte de manera homogénea, los más pobres votan menos, los electores más acomodados participan en torno al 75%.

Tenemos un serio problema de inclusión en nuestra democracia, los ciudadanos con una situación económica más precaria han dejado de participar del sistema político, no se sienten escuchados y no encuentran la solución a sus problemas. Corremos el riesgo de caer en una «democracia mínima» a imagen de algunos países latinoamericanos, que funcionan sin tener en cuenta a los excluidos civiles y económicos.

Gran parte de la doctrina está de acuerdo en que toda elección obtenida mediante una participación menor de la mitad del censo se considera deslegitimada, aunque no ilegal. El empobrecimiento económico y la precarización política son causa y consecuencia de un círculo cerrado que se retroalimenta. La aplicación de políticas redistributivas por los gobiernos es mucho menor cuando saben que sus electores no son los más necesitados, que no les van a premiar o castigar con su voto. Hay otros a los que satisfacer. Y si unimos a esta desafección, la disgregación del voto de centro derecha hacia la extrema derecha con la irrupción de VOX, el panorama hacia un autoritarismo postdemocrático, como lo denomina Josep Ramoneda, parece que va abriéndose camino. Los votantes de VOX no fueron engañados a las urnas, su campaña ha sido lo suficientemente esclarecedora sobre su modelo de España centralizado, sin división de poderes e inconstitucional, y su modelo católico de familia nuclear heterosexual, sin contemplar el resto de opciones. Para resolver en parte la impredecibilidad del futuro político a corto parece que hay que esperar al Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona, decisivo sobre si vamos a un superdomingo electoral en mayo con cuatro papeletas, y el consiguiente arrastre que el voto nacional ocasionará en el autonómico y local. Me dirán ustedes si no es como para sentir vértigo.

*Politóloga