La propuesta de reforma de la ley de aguas, que impulsada por Podemos logró la mayoría para ser tramitada, ha sido tumbada por los servicios jurídicos aduciendo que supondría un aumento de 126 millones que no se contemplan en los presupuestos. Con ella se pretendía actualizar la normativa a las directivas europeas y al cambio climático. El Gobierno de Rajoy pone así otro veto más a la acción de la oposición intentando provocar un colapso absoluto frenando con este sistema (de informe contrario) 60 proposiciones de ley en lo que va de legislatura. Una forma de evitar el debate y la votación definitiva de asuntos que no le interesan al PP. Una forma muy dudosa de hacer política para el ciudadano.