La aprobación de una comisión de investigación parlamentaria sobre Plaza es una buena noticia para los aragoneses, aunque al presidente de las Cortes le parezca un divertimento morboso. Las investigaciones judiciales que han acreditado sobrecostes injustificados, precios inflados y prácticas opacas en el proyecto público más voluminoso de los últimos años en Aragón justifican plenamente la puesta en marcha de este mecanismo extraordinario, destinado a esclarecer las dudas surgidas en asuntos de indudable interés general. Se equivocarán los grupos parlamentarios si plantean la comisión como una herramienta condenatoria de actitudes o expiatoria de pecados anteriores. Se trata, sencillamente, de escrutar por qué fallaron los procedimientos de control, cómo se autorizaron las desviaciones económicas que hoy escandalizan y cuáles son las medidas a tomar a partir de ahora para embridar a las empresas públicas, sobre las que descansa una parte nuclear de la acción de gobierno autonómico.

No sirve excusarse en las posibles carencias de la comisión (solapamiento con la Justicia, ausencia de recursos para indagar a fondo, posibilidad de que los comparecientes no colaboren, falta de tiempo para extraer conclusiones, antecedentes desalentadores en los resultados de comisiones anteriores....). Se trata de arrojar luz ante una ciudadanía que hoy reclama a los cargos públicos propósitos de enmienda, compromisos de transparencia y honestidad, al margen de componendas partidistas. Las responsabilidades judiciales de los imputados serán las que se demuestren, pero ante la magnitud de la investigación es evidente que existen también responsabilidades políticas y fallos estructurales en el ámbito de Plaza, por acción, por omisión, o por ambas cosas.

La comisión habrá de funcionar sin sectarismos, buscando el esclarecimiento de lo ocurrido durante años en la ejecución de las obras del polígono y extrayendo las enseñanzas que prevengan casos similares. Y para conseguirlo es necesario que se acoten los plazos de trabajo, se ofrezcan facilidades a sus miembros y se trabaje con las puertas abiertas para que los ciudadanos tengan elementos de juicio para sacar sus propias conclusiones. Lo contrario, una comisión alicorta, condicionada, timorata y cerrada se convertiría apenas en una oportunidad pérdida para que el parlamento recupere su esencia como espacio de control del Gobierno.