El virus de la poliomielitis afectó entre los años 50 y 60 del siglo pasado a unos 50.000 españoles, la mayoría niños, que vieron truncada la plenitud de su vida por una terrible enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso central y provoca desde parálisis diversas a una inmovilización total. La paupérrima España de la posguerra fue campo abonado para la enfermedad, y el franquismo no actuó como una Administración competente hasta que se introdujeron las primeras vacunas en 1963, con el lastre de una irreparable tragedia personal que se cebó en unas personas que, tras muchos sufrimientos, cuatro décadas más tarde han vuelto a vivir la pesadilla en forma de síndrome pospolio. Las medidas del 2009 para poder acceder a una prejubilación anticipada han sido inoperantes porque las condiciones eran inalcanzables, producto de la dinámica administrativa y de la dificultad de identificar los síntomas del síndrome. El derecho que las asiste, el derecho a una vida digna después del doble tormento, ha de convertirse en ineludible obligación del Estado que en su momento las desatendió.
