El día 15 de julio se cumplen dos años de la entrada en vigor del injusto decreto con el que el Gobierno del Partido Popular quebró los derechos económicos, laborales y sociales de los empleados públicos y profundizó en el debilitamiento y deterioro de los servicios: bajada de salarios (extra de Navidad), incremento de la jornada, reducción de permisos, supresión de complementos, limitación de la contratación temporal o extinción de los acuerdos de derechos sindicales.

El Gobierno suspendía en todos los servicios públicos del país los derechos colectivos y la negociación colectiva volviendo de un plumazo a convertir a sus trabajadores en súbditos sometidos a las directrices unilaterales del Ejecutivo de turno como solo lo son en las dictaduras.

Cuando conmemoramos el segundo aniversario de esta humillación, varias son las reflexiones que desde CCOO queremos trasladar a los trabajadores y a la sociedad en general. La primera tiene que ver con la absoluta esterilidad de estas medidas. La realidad ha probado que lo que se vendió como un sacrificio imprescindible para superar la crisis no solo no cumplió sus supuestos fines sino que probablemente no hizo sino complicar todavía más las cosas. El endeudamiento público no ha parado de crecer (94 % del PIB), se han destruido desde entonces 160.337 empleos en las administraciones públicas, se ha hundido el consumo y con él la tasa de producción, somos ya la sociedad que registra las tasas de desigualdad mayores de Europa y donde la pobreza crece de manera más alarmante, las tasas de paro siguen siendo intolerables y el empleo que se crea, así como buena parte del que se ha mantenido, tiene condiciones precarias y salarios de subsistencia.

La segunda línea de reflexión tiene que ver con las múltiples decepciones acumuladas desde ese 15 de julio. Decepción con la dirección política de nuestras administraciones; con los jueces, que rara vez han hecho algo por proteger y restaurar nuestros derechos humanos básicos atropellados por medidas como estas o como la reforma laboral; decepción, y eso duele mucho más, con nuestros propios compañeros y compañeras trabajadores de los servicios públicos pues muchos de ellos reaccionaron con insolidaridad y falta de compromiso eludiendo sus propias responsabilidades.

Tengo la convicción de que otro gallo nos hubiera cantado si la respuesta de los empleados públicos a la huelga de la función pública convocada el 8 de junio de 2010 contra los primeros recortes del Gobierno de Zapatero o en la huelga general de marzo de 2012 hubieran sido masivas.

No eludo nuestras propias responsabilidades, no supimos tomar las medidas necesarias para desactivar a tiempo las campañas de descrédito sindical en un entorno caracterizado por la pérdida de conciencia de clase, o lo que es peor no nos enfrentamos con suficiente decisión a las incesantes campañas de desprestigio de la función pública española. Muchos empleados públicos prefirieron creer que no quedaba otro remedio que asumir un sacrificio imprescindible para el país. De nada sirvió tratar de hacerles ver que los únicos beneficiados de su empobrecimiento eran los mismos que estimulaban estas políticas, quienes provocaron esta crisis y se han salvado de ella al precio del bienestar de la mayoría y de la conversión de los servicios públicos en negocios privados que incrementan su cuenta de resultados.

Lo que pase en el futuro va a depender esencialmente de los empleados públicos, de que decidan tomar en sus manos la lucha por la recuperación de sus derechos o someterse y aceptar servilmente ser cómplices de unas políticas que están destruyendo este país. Aquel viernes negro de julio de 2012, Comisiones Obreras llamó a los empleados públicos a manifestarse en contra de los recortes concentrándose de riguroso luto a las puertas de sus centros de trabajo. Hoy lo vuelve a hacer anunciando con este acto una nueva fase de movilizaciones de los empleados públicos que empezará a la vuelta del verano y que no debe parar hasta obtener condiciones laborales dignas y la completa restauración de nuestros derechos.

Secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Aragón