Además de la pandemia, pasan otras cosas estos días en Zaragoza. Por ejemplo, ha pasado casi desapercibida la apertura, por parte del ayuntamiento, de la nueva oficina de violencia doméstica, que atenderá a cualquier hora consultas de personas afectadas por agresiones físicas o verbales en el seno familiar.

Salvo aquellos casos tipificados como violencia de género, que mantendrán sus cauces habituales. Es una de las medidas que exigió el año pasado Vox al alcalde Azcón para apoyar el presupuesto municipal y que se pone en marcha a modo de prueba durante tres meses. La oficina se iba a llamar «de violencia intrafamiliar», pero finalmente los socios de gobierno, PP y Ciudadanos, optaron por el término «doméstica», porque esa denominación está recogida en el Código Penal, que la define como «violencia física o psíquica ejercida tanto por el hombre o la mujer sobre padres, madres, abuelos, nietos, hijos, hermanos, personas con discapacidad o entre parejas del mismo sexo».

O sea, sobre todos los miembros posibles de una familia, mascotas excluidas. El experimento de terapia de apoyo tampoco es que nos salga muy caro, se ha externalizado el servicio y son unos diez mil euros por tres meses. Por cierto, la oficina se abrió el 1 de octubre, así que el 1 de enero habrá que hacer balance de cómo ha ido la cosa, y aquí estaremos para recordárselo al alcalde.

Querremos saber si ha llamado mucha gente y para qué ha llamado esa gente. Tengo mucha curiosidad por saberlo. Igual había ahí un nicho desatendido, y Vox lo ha descubierto.

Y señores del ayuntamiento: no se lo tomen como una crítica. Con esta columna le estoy recordando a la gente que la oficina existe.