La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto, ha sido muy clara: Aragón exige que la atención a hijos de agresores no dependa de ellos, que las parejas de las víctimas no tengan derecho a visitas, y que el Estado cumpla de una vez el pacto nacional contra las agresiones y reparta a las comunidades los 200 millones de euros previstos. Queda muy bien exigir tolerancia cero desde las administraciones y así intentar evitar nuevos casos de violencia machista. Pero hace falta actuar ya, cambiando normas y cumpliendo lo firmado. El Estado debe actuar ya.
