Un equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza ha realizado, por encargo del Instituto de la Mujer (IAM), un estudio según el cual el 15,5% de las aragonesas ha sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. No es un dato sorprendente, ni tampoco el hecho de que en la mayor parte de los casos el agresor haya sido la pareja, el jefe o los compañeros de trabajo o supuestos amigos o familiares; es decir, hombres del propio entorno.

La mujer es objeto de violencia en el hogar o en su centro de trabajo, no se atreve a denunciar, no consigue que el agresor sea juzgado. Si recibe ayuda suele ser de personas próximas y solo en ocasiones obtiene asistencia especializada. Apenas un 5% logró algún tipo de ayuda económica.

Sin embargo no es esta la percepción que viene cuajando entre la ciudadanía, donde no se niega el problema ni la desigualdad entre hombres y mujeres, pero se piensa, por ejemplo, que un 41% de las denuncias por agresiones no se corresponden con la realidad. La difusión por las redes y otros soportes digitales de informaciones falsas al respecto, la contraofensiva propagandística de formaciones políticas y grupos sociales claramente adscritos al machismo dejan sentir sus efectos. Pocas personas dudan de que estemos ante una situación tan injusta como inaceptable. Pero aún no hay una respuesta colectiva adecuada.