El Gobierno y los partidos se enfrentan a la necesidad ineludible de tomar medidas o de ponerse de acuerdo en iniciativas para paliar en lo posible la crisis económica y social desencadenada por la pandemia. Mientras en el Congreso se ultiman las conclusiones de la comisión sobre la reconstrucción, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prepara un decreto con una amplia batería de medidas en las áreas de su competencia, desde la vivienda hasta la seguridad sanitaria ligada al transporte aéreo. En lo que respecta a la vivienda, se propone facilitar los alquileres asequibles no mediante el recurso de regular los precios sino facilitando que se amplíe la oferta en el mercado si es en condiciones que permitan «responder a la necesidad de amplios grupos de población que se encuentran en situación de vulnerabilidad».

El borrador del decreto apunta como instrumento principal la regulación de derechos de superficie para liberar suelo destinado a viviendas sociales de alquiler asequible. El decreto será la apoyatura legal para un plan de desarrollo y rehabilitación de vivienda de alquiler social dotado con 2.000 millones de euros, que habrán de provenir del fondo europeo de recuperación de 750.000 millones, de los que 140.000 deberían corresponder a España. Este plan se define a partir del sistema de colaboración público-privada. Es necesario y urgente, tras años de subida constante de los alquileres y la constatación de que ni en momentos de crisis como el que ahora iniciamos el mercado se reajusta espontáneamente a la renta disponible de las familias, y mucho menos es capaz de ofrecer alternativas a quien ve cómo su economía entra en una situación de enorme fragilidad. No es menor la importancia que tendría la puesta en marcha de este plan en la reactivación de la actividad del sector de la construcción.

Mientras tanto, en un Congreso con un recuperado ambiente de cooperación, lejos de la crispación de las sesiones de control al Gobierno, la comisión sobre la reconstrucción termina este viernes sus trabajos con amplios acuerdos probables en dos de los cuatro grupos de trabajo: sanidad y Unión Europea. En sanidad, los partidos del Gobierno han aceptado muchas de las peticiones del PP y de Cs, mientras que en el grupo dedicado a la UE hay ya un principio de acuerdo porque el PSOE y UP se han comprometido con el Pacto de Estabilidad, ahora suspendido por la pandemia, para cuando vuelva a estar en vigor, y el PP ha renunciado a imponer condiciones sobre las ayudas europeas. Más difícil está el pacto en políticas sociales -en educación, por ejemplo, PP y Cs rechazan que las ayudas se destinen solo a la escuela pública, excluyendo la concertada— y en política económica, donde el PP rechaza la derogación de la reforma laboral y la filosofía económica de Podemos.

Este clima es positivo pero ha salido adelante sobre todo porque las conclusiones recogen líneas generales, sin bajar a los detalles. Mucho más complicado será cuando se planteen pactos sobre los Presupuestos del Estado, pese a que Pedro Sánchez ha vuelto a decir que su voluntad es negociarlos con todas las fuerzas políticas.