La huelga de los trabajadores de Eulen que prestan servicio en el aeropuerto barcelonés de El Prat lleva camino de convertirse en el perfecto ejemplo de un conflicto laboral en el que nadie gana pese a haber habido oportunidades para una salida digna y positiva para las partes. Contra lo que parecía razonable, los empleados rechazaron el domingo una propuesta de aumento salarial que estaba mucho más cerca de sus pretensiones que de la cerrada posición inicial de la empresa, y esa negativa dio paso a una huelga total e indefinida. Pero como los servicios mínimos son del 90%, y sobre todo porque la Guardia Civil está reforzando los controles de seguridad, el efecto del paro ha sido inapreciable los primeros dos días. El laudo arbitral de obligada aceptación que dictará el Gobierno tras el Consejo de Ministros de hoy permitirá hacer balance de lo conseguido por los huelguistas, pero parece difícil que obtengan más de lo que se les ofrecía en las negociaciones. Aun admitiendo la legitimidad de sus reivindicaciones -sus sueldos son necesariamente mejorables-, han usado sin miramientos como rehenes a miles de pasajeros y han puesto en jaque irresponsablemente sus vacaciones, lo que les ha granjeado muchas antipatías. La tardanza del Gobierno y de la Generalitat en reaccionar y su cruce de reproches políticos han completado un triste cuadro que no debería repetirse.

Más de 17.000 viviendas de protección oficial (VPO) y de precio tasado (VPT) quedarán liberadas en los próximos años y bastará que sus propietarios tramiten la petición para poder venderlas sin condiciones de ningún tipo. Ello es así porque ya han transcurrido quince y diez años, respectivamente desde su construcción. El fenómeno tendrá especial incidencia en Zaragoza capital (donde afectará a pisos de Parque Goya, Valdespartera y Rosales del Canal) y coincide con un repunte de los precios y una reactivación del negocio inmobiliario tras el estallido de la burbuja en 2008. Sin embargo, en los dos últimos años apenas se han producido solicitudes para descalificar VPO y VPT. La crisis ha reducido la diferencia entre la vivienda protegida y la libre en lo que al coste por metro cuadrado se refiere.

VPO y VPT han sido confundidas sistemáticamente con la vivienda propiamente social, cuando en realidad siempre fueron un producto inmobiliario destinado a las clases medias y que fue muy abundante y de acceso fácil hasta que la escalada de los precios impulsó las promociones libres, redujo al mínimo las protegidas y obligó a que la adjudicación de estas se llevará a acabo mediante sorteo. Fue una situación aberrante que nunca debería repetirse si las administraciones son, al fin, capaces de regular el mercado y frenar la especulación.

No volvamos a tropezar en la misma piedra.