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Editorial

A vueltas con el poder judicial

El Gobierno debería haber planteado una alternativa más meditada al intolerable obstruccionismo que practica el Partido Popular

 

17/10/2020

Con su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP está manifestando una total deslealtad al mandato constitucional además de una indecorosa instrumentalización política de las obligaciones que la Carta Magna impone al poder legislativo en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Por dos veces, desde noviembre de 2018, cuando caducaba el mandato del CGPJ, el líder popular, Pablo Casado , rompió los acuerdos que ya estaban prácticamente cerrados con el Gobierno. Las razones esgrimidas han sido diversas, pero dan lugar a la sospecha de que tras esos incumplimientos está el deseo de mantener la composición actual del CGPJ, que refleja la mayoría absoluta del PP cuando se eligió. Tampoco es de recibo la condición de Casado de que solo se sentará a negociar si Pedro Sánchez echa a Unidas Podemos del Ejecutivo.

Aunque esa situación podría haber cambiado este viernes con la disposición del presidente a pactar con el PP «ya» y la del negociador popular, Enrique López , que rebajó las condiciones de Casado a que UP no participe en la negociación, sigue siendo evidente que ha sido el intolerable obstruccionismo del PP el que ha llevado al Gobierno a buscar una solución legislativa que permita nombrar a los nuevos vocales del CGPJ.

El Ejecutivo, no obstante, debiera haber planteado una alternativa más meditada y acorde a la trascendencia del asunto sobre el que se debe legislar y haber evitado que su propuesta se perciba como improvisada y visceral. Seguramente es atinado limitar los poderes y la capacidad de actuación de un CGPJ caducado, pero los efectos que puede tener la decisión de rebajar la exigencia de los tres quintos de las cámaras a la mayoría absoluta para la elección de 12 de los 20 vocales, en una segunda votación, exigen una mayor reflexión. Especialmente porque los otros 8 deben reunir esa mayoría por mandato constitucional y eso plantearía diferencias inconvenientes en el seno de la institución. Es probable que la reforma planteada no sea inconstitucional aunque sí parece un error político. La propuesta ha venido a aportar, si cabe, más argumentos para la crispación a Casado que, en un ejercicio de deslealtad con el país, ha ido incluso a quejarse a Bruselas. El toque al Gobierno de la Comisión Europea puede tener poco recorrido, pero no deja de ser molesto para Sánchez. Queda, no obstante, un hilo de esperanza: que la negociación a la que ahora parecen dispuestos prospere, se replantee la reforma legal y se recupere pronto la normalidad institucional.

 
 
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