Las declaraciones solemnes, las garantías obtenidas por España en relación con Gibraltar y la imagen de unidad ofrecida el domingo por la Unión Europea (UE) en la firma de Bruselas, quedarán en nada si el Parlamento británico no aprueba el acuerdo para una consumación ordenada del brexit. Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas no serán más que papel mojado si Theresa May no consigue doblegar la voluntad de los diputados conservadores más eurófobos y de los diez representantes de la DUP, el partido unionista norirlandés cuyos votos necesita para completar la mayoría. Ambas cosas parecen hoy fuera de su alcance.

Los análisis publicados por la prensa británica más refractaria a permanecer en la UE son suficientes para concluir que es poco menos que inimaginable vislumbrar un desenlace diferente, con el caso de Gibraltar en primer lugar como argumento de peso para desacreditar en la Cámara de los Comunes el acuerdo negociado. Puede que en el fragor de la campaña andaluza no tenga la oposición en el Congreso de los Diputados mejor estrategia que denostar lo acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero resulta por lo menos chocante que lo que aquí parece insuficiente o engañoso, en el Reino Unido dé para asaetear a la primera ministra desde las filas brexiters.

Es más realista entender que si el acuerdo para un divorcio civilizado no sale adelante, toda alternativa será peor si es que la hay. La opinión de los Veintisiete de que el compromiso alcanzado es el único posible es fruto de la convicción de que si no pasa la prueba de Westminster, nubes de borrasca ensombrecerán el horizonte. Y si logra pasarla, empezará la parte más difícil: concretar en hechos, datos y disposiciones legales la futura relación del Reino Unido con la UE, habida cuenta de que lo ahora firmado solo abre un periodo transitorio de dos años, hasta el 31 de diciembre del 2020, prorrogable otros dos, un indicio de que las partes entienden que nada será fácil o rápido.

Sumergidos en el disparate del brexit desde junio del 2016, ni la UE ni el Reino Unido pueden aspirar a mucho más que a limitar los daños, pero no a evitarlos todos. Porque es dañino el divorcio para la cohesión europea, lo es para la economía global a ambos lados del canal de la Mancha y lo es específicamente para la sociedad británica, zarandeada como quizá nunca antes lo estuvo.