El fin del periodo transitorio, el 1 de enero, para que búlgaros y rumanos por cuenta ajena pudieran circular libremente por todo el territorio de la UE, ha desatado numerosas reacciones xenófobas en diversos países. El más ruidoso ha sido el Reino Unido con su defensa de medidas, algunas ilegales, auspiciadas por el Gobierno conservador de David Cameron, que van desde la implantación de cupos a la limitación de los servicios sociales. El presidente francés, el socialista François Hollande, no tiene nada que envidiar a la derecha de Sarkozy. Y en Alemania, los socios bávaros de Angela Merkel quieren limitar el acceso de búlgaros y rumanos a la seguridad social. Los partidos tradicionales están asumiendo cada vez más y con fines electoralistas los postulados de las formaciones xenófobas que usan una retórica incendiaria contra la inmigración. Esto resulta muy atractivo para quienes padecen la crisis, que lamina las clases medias y agranda el abismo social. Por ello es responsabilidad de los gobernantes no provocar miedos irracionales que alienten la xenofobia.
