El Tribunal Supremo da la razón a la reclamación de la contrata FCC. El Ayuntamiento de Zaragoza deberá abonar 50 millones de euros por revisión de precios desde el 2009. Ya no hay recurso posible. La ciudad se enfrenta a una deuda más que importante en un momento en el que su capacidad de pedir préstamos está muy limitada. Los recursos no han tenido sustento jurídico y ahora hay que pagar hasta intereses de demora. Un auténtico fiasco.
