El coronavirus ha dejado en evidencia las carencias de una sociedad que daba por hecho demasiadas cosas. Hasta nos ha demostrado que ni somos infalibles ni las políticas públicas son perfectas. La vulnerabilidad de tantos que han terminado falleciendo es el deber moral para auditar con exigencia lo sucedido.
Las lecciones de la pandemia no deben olvidarse. Es inevitable compensar el drama sanitario con un compromiso político en defensa de la sanidad --tras una década de recortes-- potenciar la investigación con partidas presupuestarias más que óptimas o comprender porqué los niños de la guerra civil han sido los más castigados en residencias desbordadas.
La letalidad del virus se ha ensañado con la población más anciana en residencias de todo tipo. Es la auténtica zona cero de la pandemia que, por decencia hacia las víctimas, desde los poderes públicos se debe investigar lo sucedido. No hay que correr un tupido velo sin pedir explicaciones, e incluso judiciales si las hubiera.
Es evidente que las residencias no son hospitales ni centros sanitarios. No tienen a su alcance la mayoría de material ni personal que se necesita en una pandemia. Es más, incluso debería repensarse el modelo de residencias tan vastas para dar cabida a cuanta más gente mejor o el valor tan poco sensible que le da la sociedad a sus mayores.
Pero algo ha fallado cuando más de 20.000 ancianos han fallecido durante la pandemia en las residencias del país. Lo que en Aragón muestra la cifra más alta de víctimas: tres de cada cuatro fallecidos por coronavirus, o enfermedades compatibles, vivían en residencias de mayores. Es un número tan brutal que cuesta visibilizar cada dolor individual.
El mensaje sosegado del Gobierno aragonés dista mucho del drama denunciado por las mismas residencias durante el pico de la pandemia. La DGA conocía el estado caótico por la falta de personal, el número de infectados que crecía cada día, la ausencia de equipos de protección o el triaje realizado por recomendación de Sanidad. Y aún cuando los familiares no tenían toda la información.
Es más que necesario analizar cada situación en las residencias de la comunidad para poder prevenirse de un futuro rebrote y aplicar los mecanismos que aseguren la dignidad de los mayores en cada centro. No estaría de más una comisión de investigación en las Cortes de Aragón para esclarecer lo sucedido. Las víctimas no merecen menos.
