Agapito Iglesias, exaccionista mayoritario del Real Zaragoza, y Francisco Checa, secretario general del club aragonés, defendieron ayer ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, la legalidad del finiquito que entregaron en el año 2010 al exjugador Peter Luccin cuando se desligó del conjunto zaragocista. Ambos declararon como imputados por un presunto fraude fiscal en ese asunto. Ayer no acudieron Javier Porquera, que en ese momento también formaba parte del Consejo de Administración que estaba al frente de la entidad zaragocista, ni Luccin.

El juez Alfonso Tello comparte el punto de vista de la Fiscalía que denunció que el Real Zaragoza había dejado de ingresar cierta cantidad --unos 450.000 euros-- en concepto de IRPF por el sueldo del jugador francés, en el ejercicio del 2010, haciéndolo pasar por un finiquito, que no tributa. Esas fueron las conclusiones de la Agencia Tributaria, tras analizar las cuentas del año, que cuajaron en una denuncia ante el fiscal, Javier Checa, quien, tras comprobar los números, presentó su denuncia ante el Decanato.

COOPERADOR NECESARIO El presunto fraude fiscal ascendería a unos 450.000 euros, la mitad de los 900.000 en los que el Real Zaragoza SAD cifró el finiquito de Peter Luccin. El exjugador está encartado como cooperador necesario de los dirigentes del club, al haber aceptado presuntamente el dinero en un concepto que no correspondía. En el proceso participaría como responsable civil subsidiario el propio Real Zaragoza. Es decir, si durante la instrucción el juez viese confirmadas sus sospechas sobre el fraude fiscal --y los argumentos de la entidad no convencieron en su día a Hacienda--, el proceso cuajase en un juicio y los imputados fuesen condenados, el Zaragoza debería hacerse cargo de resarcir al fisco. El juez Tello todavía no ha ofrecido a Hacienda la posibilidad de emprender acciones legales.

Agapito Iglesias estuvo declarando ante el juez Alfonso Tello durante más de dos horas. En esa larga comparecencia el exaccionista mayoritario del Real Zaragoza tuvo que responder a las preguntas que le realizaron el juez y el fiscal. Agapito permaneció en los juzgados entre las nueve y las once y cuarto de la mañana. A la salida, el empresario soriano se limitó a comentar que "a nuestro entender está todo bien. Poco más puedo decir". Además, al ser cuestionado sobre si su comparecencia había sido más larga de lo que cabía esperar, añadió: "Es que había que explicarlo todo bien".

Después también compareció ante el juez Tello como imputado el todavía consejero y secretario general del Real Zaragoza, Francisco Checa. En este caso, Checa solo permaneció por espacio de poco más de una hora en el despacho del magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza. "Como es lógico hemos tratado de aclarar todo lo posible al juez y pensamos que ha ido bien, pero nada más", dijo posteriormente el ejecutivo del club aragonés.

DOS CAUSAS MÁS Agapito Iglesias, que recientemente vendió su paquete accionarial del Zaragoza a un grupo de empresarios aragoneses, también está imputado en otras dos causas judiciles al margen de la de ayer, pero ambas tienen que ver con las obras realizadas en Plaza y no con la Sociedad Anónima Deportiva. Todas ellas llevan camino de dirimirse en la vía penal. Para el empresario soriano la de ahora supone su tercera imputación en los tribunales zaragozanos, tras las de los casos saqueo y pagarés de Plaza, investigadas por los juzgados de Instrucción números 1 y 5, respectivamente.

Iglesias permaneció durante ocho años como accionista mayoritario del Real Zaragoza y lo ha dejado con el equipo en Segunda y una situación económica ruinosa. Los nuevos dueños están a punto de cerrar un acuerdo con un grupo de inversores mexicanos para tratar de asegurar su supervivencia.