La Audiencia Provincial de Zaragoza ha impuesto esta mañana seis meses de cárcel y 150.000 euros de multa a Agapito Iglesias, exmáximo accionista del Real Zaragoza, por defraudar a Hacienda casi 900.000 euros por no tributar en el 2010 por el sueldo y el finiquito del exjugador Peter Luccin.

La misma resolución impone al Real Zaragoza, como persona jurídica, 100.000 euros de multa y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses, tres meses menos que en el caso de Agapito.

Finalmente, al exdirectivo zaragocista Francisco Javier Porquera se le han impuesto tres meses de prisión, multa de 25.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante seis meses.

Estas penas son fruto del acuerdo alcanzado entre las partes, que ha evitado la celebración del juicio y ha traído la retirada de las acusaciones contra el directivo Francisco Checa y el propio jugador Peter Luccin. La resolución del caso se empezó a fraguar el pasado día 25 de febrero, cuando los acusados reconocieron su culpa, y tras el ingreso previo en las arcas de Hacienda de 1.266.989,64 euros en concepto de cuota defraudada (895.833,33 euros) y de intereses de demora (371.156,31 euros).

Ese montante fue abonado solidariamente por todos los responsables civiles en concepto de reparación conjunta del daño causado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), descontando la cantidad embargada en la instrucción del caso, que se inició en el año 2014. Por este motivo, se aplica la atenuante de reparación del daño al Real Zaragoza, a Francisco Porquera y a Agapito Iglesias.

Según el relato de los hechos admitido por los acusados y reflejado por el fiscal, Fernando García Vicente, Francisco Checa González era un empleado del Real Zaragoza que no conocía con exactitud las decisiones tomadas en cuanto a las retribuciones del jugador Peter Luccin, ni si estaba practicándose retención al respecto.

El exjugador, de nacionalidad francesa, delegaba en su agente todo lo relativo a la gestión de su contrato y sus retribuciones, pero esta persona en ningún momento ha llegado a estar imputada en la causa.

Por su parte, Francisco Javier Porquera, que reconoce los hechos, seguía las instrucciones del presidente Agapito Iglesias, que era quien tomaba las decisiones. Su condena se basa en que se le considera cómplice en la comisión del delito contra la Hacienda pública.

El abogado de Agapito, Miguel Ángel Alemán, ha solicitado a la sala que la multa penal impuesta a su cliente se pueda pagar de forma fraccionada durante un periodo de cinco años. Asimismo, ha pedido que la pena de cárcel se sustituya por una multa de de 10.000 euros. El tribunal no ha dado una respuesta inmediata sobre ambas cuestiones, pero se pronunciará posteriormente.