El contrato por el que Agapito Iglesias vendió a un grupo de empresarios aragoneses el paquete accionarial del Real Zaragoza que poseía a través de Zaragoza Sport Arena XXI incluye una cláusula que obliga a los compradores a ingresar en una cuenta del Banco Popular las cantidades que señala el acuerdo. Iglesias está obligado a entregar al Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza cualquier cantidad que pueda recibir por la venta de sus títulos de la compañía deportiva. El magistrado Francisco Picazo tiene imputado a Agapito, junto con tres exaltos cargos de la empresa pública Plaza, como presuntos autores de un desfalco millonario en la construcción de las naves de Autocity.
