La cúpula del Ministerio de Hacienda en Madrid recela del grupo mexicano que pretende hacerse con el control accionarial del Real Zaragoza y por ese motivo ha solicitado más garantías para que pueda llevarse a cabo la operación de compraventa que ese grupo tiene pactada con los empresarios que se encuentran en estos momentos al frente de la Sociedad Anónima Deportiva. En Hacienda existen dudas sobre la solvencia y credibilidad del grupo encabezado por Luis Manuel Lobato Blanco y por ese motivo sigue dilatando su respuesta sobre el calendario de pagos que han solicitado los actuales propietarios para saldar la deuda que la entidad tiene con el fisco. Esa deuda ronda los 29 millones de euros, pero 18 de ellos deberían pagarse en septiembre.

El caso del Real Zaragoza ha llegado ya a las más altas instancias del Ministerio de Hacienda. De hecho, la Agencia Tributaria ha realizado extraoficialmente gestiones con México para tener información de primera mano sobre el grupo mexicano. Parte de los empresarios aragoneses que ahora mismo controlan el accionariado de la SAD reconocen no tener datos sobre el grupo azteca, pero la facción encabezada por Javier Lasheras sigue pensando que es la mejor opción para asegurar la supervivencia del club aragonés.

Lasheras, junto con José Guerra, director financiero del Real Zaragoza, y Luis Gamón, portavoz de los empresarios, se reunieron por última vez con Hacienda el pasado viernes y, de momento, no ha habido respuesta. El grupo mexicano ha presentado avales para garantizar a Hacienda los 5,5 millones (3,5 ahora, 1 en septiembre y otro en diciembre) que se ha comprometido a pagar el Zaragoza antes de final de año, pero eso tampoco ha sido suficiente para que diera luz verde al calendario de pagos.

La vía mexicana no está descartada, pero también existe otra, aunque complicada, en la que empresarios aragoneses de reconocida solvencia podrían dar el paso de comprar el Zaragoza. La Liga (LFP) ha hecho igualmente alguna gestión con fondos en Oriente Medio.

SITUACIÓN CRÍTICA La situación patrimonial del Real Zaragoza es crítica dado que la SAD apenas tiene bienes propios y los que tiene o bien están hipotecados, utilizados como garantías o bien cedidos en prenda. Es el caso de los derechos de traspasos de los jugadores, que el club está ofreciendo a Hacienda en un porcentaje del 25% en esta nueva negociación para lograr la aprobación de un calendario de pagos, incumplido seis veces con anterioridad por Agapito Iglesias. Sin embargo, el Zaragoza ya tiene cedido a favor de Hacienda un 30% de cualquier operación de traspaso efectivamente cobrada.

Y no solo eso. Ibercaja, Caja Inmaculada y Cajalón (en la actualidad Bantierra) tenían también cedidos en garantía el cobro del 50%, pero ampliable al 100%, de los traspasos que la SAD efectuara o del cobro de la cláusula de rescisión de algún futbolista que pudiera abandonar el equipo por esa vía. Esta cláusula, suscrita entre ambas partes (las tres entidades financieras y el club), se firmó como obligación derivada del crédito sindicado en el que participaron las dos primeras cajas con un 37,5% y la tercera en un 25% y por la que la SAD recibió un crédito de 8 millones de euros, ahora asumido por el Gobierno de Aragón en su figura de avalista después del incumplimiento en el pago de Agapito Iglesias desde mitad del 2012.

Es decir, en la práctica el Real Zaragoza apenas puede disponer del dinero que obtenga por traspasos al estar cedido con anterioridad para realizar diversas operaciones de desahogo financiero y que, al final, han terminado hipotecando su futuro, que es precisamente el presente en el que nos encontramos. Toda esta documentación fue incluida de manera exhaustiva en el contrato de compraventa que el empresario soriano firmó en Madrid al grupo que lidera Lasheras.