La DGA tendrá que abonar el próximo día 9 de junio otros 670.000 euros correspondientes a una nueva cuota trimestral del crédito avalado por el Gobierno de Aragón, de cuyo incumplimiento deben responder las arcas autonómicas. Tras este desembolso, se habrá tenido que gastar 1,6 millones del dinero público para cubrir los impagos de Agapito Iglesias.

El empresario soriano, que se ha quejado en varias ocasiones del escaso apoyo público con el que ha contado en los últimos años, volvió a cargar contra las instituciones en el comunicado en el que anunció el traspaso de las acciones, pero lo cierto es que no paga desde junio del 2012. Entonces, recién salido del concurso de acreedores y con ocho años por delante para liquidar una deuda global de 148 millones de euros (ahora 113), debería haber pagado el primer plazo de su compromiso, que ascendía a 340.740 euros, con Ibercaja, Caja3 y Bantierra.

Este diario ya adelantó en febrero del 2013 que la DGA había hecho frente al pago de un millón de euros debido al aval al Real Zaragoza. El Gobierno aragonés es garante desde el año 2004 por 5,1 millones. El ejecutivo tiene que hacer frente desde entonces a los pagos por la amenaza de embargo que existía por parte de los bancos.

El 12 de diciembre del pasado año los responsables del Real Zaragoza comunicaron al Gobierno de Aragón su decisión de no cubrir ni uno más de los plazos trimestrales del crédito avalado por la DGA.

La DGA comprometió en el 2004, tras aprobarlo las Cortes de Aragón en una Ley de Presupuestos de ese año, presentada por el Ejecutivo PSOE-PAR cuando Eduardo Bandrés era consejero de Economía --fue presidente del Zaragoza entre el 2006 y el 2010--, un aval de ocho millones de euros que permitió al club, controlado entonces por Alfonso Soláns, conseguir de las cajas un crédito de 16 millones para el que el accionista mayoritario de la compañía avaló la otra mitad. El aval del Gobierno autonómico vence a finales del 2016.

El inicial cumplimiento de los pagos por parte del Real Zaragoza dejó a salvo tres de los ocho millones del aval de la DGA. Sin embargo, cuatro años después ya no pudo hacer frente a sus compromisos financieros.