En las opciones de supervivencia del Zaragoza aparecen ahora mismo dos posibles alternativas. Una de la mano de los empresarios que actualmente controlan accionarialmente el club con el apoyo de un grupo inversor mexicano, que se haría con el 80% de los títulos de la SAD si Hacienda acepta el calendario de pagos que viene solicitando el club aragonés y que pasaría a llevar sus riendas, y otro liderado por empresarios aragoneses de reconocida solvencia que contarían con la colaboración de la Liga. Esta iniciativa también ha sido trabajada por Javier Lasheras.

La LFP conoce las dos opciones que existen ahora mismo para que el Zaragoza pueda seguir adelante y parece más proclive a apoyar la vía de los empresarios aragoneses que poseen solvencia suficiente para mantener con vida la Sociedad Anónima Deportiva. Mientras que Hacienda también podría estar retrasando su respuesta definitiva sobre el calendario de pagos que han solicitado los actuales propietarios de la entidad zaragocista para ver si se consolida la vía de los empresarios poderosos por considerarla más fiable que la de los inversores mexicanos encabezados por Luis Manuel Lobato Blanco.

Las dudas de Hacienda

De hecho, la Agencia Tributaria no ha aceptado los avales que han querido aportar los mexicanos para garantizar el calendario de pagos que han presentados los empresarios que controlan ahora mismo accionarialmente el Real Zaragoza. Durante la etapa de Agapito Iglesias como accionista mayoritario, el Zaragoza incumplió hasta en seis ocasiones los plazos que había pactado con Hacienda para pagar las deudas con el fisco y, de alguna forma, los empresarios que han aterrizado ahora en el club aragonés pueden ser considerados en algunos ámbitos como los herederos del constructor soriano. Agapito, que todavía tiene en su poder el 14% de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva, ha vendido casi todos sus títulos tras dejar el Zaragoza como un solar tanto en el terreno económico como en el deportivo.

El Real Zaragoza necesita cuanto antes una importante inyección económica para poder seguir adelante y competir la próxima temporada en Segunda División B. La Liga ha estimado esa cantidad en 8,1 millones de euros, pero las deudas que arrastra de la temporada pasada superan esa cifra. Debe las fichas a los jugadores y necesita alcanzar un acuerdo con Hacienda para pagar su deuda con el fisco.