El juicio por el presunto amaño del Levante-Real Zaragoza que se disputó en el Ciudad de Valencia el 21 de mayo del 2011 y con cuya victoria (1-2) el equipo zaragocista logró la permanencia en Primera en la campaña 10-11 se iniciará dentro de un mes, el 3 de septiembre, en la sala de lo penal número 7 de la Audiencia de Valencia. Y está previsto que se celebre ese mes, con la presencia de todos los acusados. La petición de la Fiscalía para los 41 imputados (el 42 es el club aragonés) asciende a pena de prisión de dos años e inhabilitación de seis para los jugadores y la inhabilitación especial para los directivos para el ejercicio de industria o comercio, con una multa de casi dos millones de euros (1,93 millones) a cada uno de los acusados.
Esa es la petición por el delito de corrupción deportiva, mientras que la de falsedad en documento mercantil, que recae sobre el expresidente, Agapito Iglesias, y los entonces consejeros Javier Porquera y Francisco Checa, establece una pena de prisión de dos años y multa de nueve meses con cuota diaria de 50 euros. Además, también solicita para el Real Zaragoza como institución una multa de dos años con una cuota diaria de 1.000 euros. Es decir, 730.000 euros. Mientras, también hay solicitud del decomiso de los 965.000 euros con los que presuntamente se pagó a los jugadores del Levante y se abre pieza de responsabilidad civil para cada uno de los acusados.
En el escrito de la Fiscalía se hace constar que «el Zaragoza, a pesar de la colaboración que ha prestado por los nuevos dirigentes del club entregando la documentación, ha mantenido como trabajador del mismo a uno de los acusados, Francisco Checa, directivo del Zaragoza en la época de los hechos, y no implementado un programa de cumplimiento que evite de forma eficaz comportamientos delictivos como el presente hasta la fecha de abril del 2016 pese a estar iniciada la investigación de la Fiscalía Anticorrupción desde el año 2013».
En total, son 42 los acusados. Por el Zaragoza, al margen del club, están Agapito Iglesias, Porquera y Checa, además del director deportivo, Antonio Prieto, y del entrenador, Javier Aguirre, y los jugadores Lanzaro, Doblas, Da Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio, Ponzio, Gabi, Diogo, Obradovic, Uche, Pinter, Paredes, Leo Franco, Jarosik, Bertolo, Boutahar y Lafita, citados en aquel encuentro, además de los futbolistas del Levante Pallardó, Munúa, Héctor Rodas, Jordá, Rubén Suárez, Xavi Torres, Stuani, Wellington, Jefferson Montero, Robusté, Javi Venta, Manuel Reina, Caicedo, Iborra, Xisco, Ballesteros, Juanfran y Cerra.
Los delitos
Los hechos son constitutivos de un delito de corrupción deportiva para los autores materiales de este presunto amaño mientras que Agapito, Porquera y Checa son también responsables del delito de falsedad en documento mercantil.
La Audiencia Provincial de Valencia, en su sección quinta, decidió el 25 de enero del 2018 reabrir el caso tras ser archivado a finales de julio del 2017 por la jueza del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, tras más de un año de procedimiento y declaraciones de unos 50 imputados y testigos.
Los magistrados de la Audiencia estimaron los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal, por la Liga Nacional de Fútbol y por el Deportivo de la Coruña, que en su día fueron presentados al referido auto del 31 de julio del 2017, del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia.
La Audiencia Provincial reabrió el caso tras ver suficientes indicios, sobre todo por los futbolistas del Levante, que no utilizaron sus tarjetas de crédito en las semanas posteriores al partido y dispusieron de más dinero en efectivo de lo habitual. El señalamiento es muy complicado porque afecta a 42 imputados, que tendrían que estar presentes en la sala durante todos los días que dure el juicio. Circunstancia que complica la dinámica de jugadores como Iborra, Ponzio, Da Silva, Gabi o Ander, aún en activo.
LaLiga presentó un escrito de acusación el 26 de febrero del 2018 en el que pidió la pena máxima de cuatro años para los implicados, si bien aseguró que Checa y ocho jugadores del equipo zaragocista (Obradovic, Uche, Pinter, Paredes, Leo Franco, Jarosik, Boutahar y Lafita), fueron ajenos a los hechos o tuvieron un papel poco relevante. El Deportivo también presentó un escrito de acusación en la que solicita las mismas penas que la Fiscalía. Pero el escrito de acusación de la fiscalía no les reconoce directamente como parte perjudicada a pesar de que el Deportivo terminó bajando a Segunda y no tendría una indemnización.
