La iniciativa que lideran los empresarios aragoneses de mayor solvencia y fortaleza económica y en la que viene trabajando Javier Lasheras como alternativa a la vía mexicana ya ha mantenido conversaciones con Agapito Iglesias, o al menos con su entorno, en las que se le ha planteado directamente la necesidad de que rebaje los 9,8 millones que por contrato tiene que percibir por la venta del Zaragoza después del acuerdo firmado por los actuales máximos accionistas el pasado 4 de junio, por el que compraron el 90,26% de las acciones del club, propiedad del constructor soriano.

De hecho, en esas conversaciones se ha hablado de una cifra en torno a los tres millones de euros y que Agapito percibiría con el paso de los años, no de forma inminente. Se entiende desde estos empresarios aragoneses que un club con un volumen de deuda de casi 150 millones de euros, que necesita una inyección inmediata de 8 millones y de hasta 20 en un año solo puede tener un valor simbólico. El precio nominal de las acciones ronda los 1,9 millones de euros, pero nunca los 9,8 a pagar en 10 años --comienza en enero del 2015 con una cifra simbólica y las mayores cantidades son al final-- en que se quedó establecida la compra por parte de los nuevos accionistas.

En principio, Agapito se ha mostrado receptivo a esa petición, consciente de que dada la situación que vive el proceso de venta, su propia situación ante la Justicia y hasta el riesgo de desaparición del club podrían provocar que al final no percibiera ni un euro por sus acciones. El constructor soriano es además propietario del 14% de las acciones debido a que ni Antonio Martínez ni Víctor Otal suscribieron los títulos.

AUTORIZACIÓN DEL JUEZ La reducción de esa cantidad no solo tendría que ser aceptada por Agapito, porque hay que recordar que ese contrato también está depositado ante el juez, Francisco Picazo, que investiga el caso Naves, vinculado a Plaza, en el que se encuentra imputado, entre otros, el constructor soriano. De hecho, el magistrado dictó una providencia por la que solicitó a los compradores del Real Zaragoza que depositen en una cuenta del juzgado el dinero que estaba destinado a la compra de la entidad.

El juez quiere se haga frente con ese dinero a parte de la fianza impuesta al propio Agapito Iglesias, al exconsejero Carlos Escó y a Ricardo García Becerril, en el caso que lleva entre manos y que asciende a casi 19 millones de euros.