La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de dos años de prisión para 36 futbolistas que integraban las plantillas del Levante y el Real Zaragoza en el 2011 y que supuestamente amañaron el encuentro disputado en mayo de ese año en Valencia (1-2). En el escrito de calificación, según informaron fuentes del Ministerio Público, se pide además la inhabilitación de todos los procesados para cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis años, lo que incluye la función de entrenador, directivo, formador de categorías infantiles e incluso cualquier vínculo con las diferentes selecciones.

Esta petición se hace extensiva al entonces entrenador del Zaragoza, el mexicano Javier Aguirre, el exdirector deportivo Antonio Prieto, el expresidente Agapito Iglesias y los directivos Javier Porquera y Francisco Checa. Contra estos tres últimos procesados se formula, además de la acusación de corrupción deportiva, la de falsedad documental, por confeccionar, supuestamente, nóminas falsificadas de jugadores que se aportaron a la administración concursal. En ellas, al parecer, se hizo constar de forma simulada el pago de primas por la permanencia en Primera División, lograda tras el encuentro de cuyo resultado se sospecha.

Además, la acusación se dirige contra el Zaragoza como persona jurídica, y se le reclama el pago de una multa tanto por el supuesto amaño como por la posible falsedad documental en la que, al parecer, incurrieron sus máximos responsables para tratar de justificar pagos a sus jugadores que, tal y como sospecha la investigación, acabaron en manos de los jugadores del Levante. El club aragonés no ha recibido ninguna notificación al respecto, pero respeta las decisiones judiciales y colaborará en todo lo que se le solicite, como ha hecho hasta ahora en este proceso. La responsabilidad civil que reclama el fiscal para estos exdirectivos supera el millón de euros, informaron las mismas fuentes.

La investigación de uno de los fiscales especializados en la lucha contra la corrupción de Valencia ha determinado que fueron un total de 965.000 euros los que supuestamente salieron de los fondos del Zaragoza para acabar en manos de la plantilla levantinista. En consecuencia, pide el decomiso de esta cantidad, supuestamente utilizada para el soborno que garantizó la victoria en aquel encuentro y para que el Zaragoza lograse mantener la categoría.

Las fuentes consultadas confían en que el juicio pueda celebrarse quizá a final de año, ya que aunque la instrucción ha llegado a su fin, la gran cantidad de partes implicadas y las dificultades procesales que implica el enjuiciamiento de algunos futbolistas extranjeros podrían demorar el inicio de las vistas. Hasta la fecha, todos los implicados están personados en la causa con abogado y procurador. La instrucción de esta causa ha llegado a su fin recientemente, tras ordenar la Audiencia Provincial de Valencia la reapertura del caso, sobreseído por la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia en agosto del año pasado.