El Real Zaragoza tendrá que abonar 47.040 euros por las obras de mantenimiento que ejecutó el Ayuntamiento en el estadio de La Romareda en verano de 2016, según la sentencia notificada hoy al Consistorio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que establece también que las arcas municipales deberán afrontar el pago de 106.245 euros.

El juzgado ha estimado parte del recurso que presentó el club y que rechazaba el pago de los trabajos de mantenimiento ejecutados por el Consistorio, que reclamaba al Real Zaragoza 153.275 euros, aunque establece que éste deberá pagar 47.040 euros al Ayuntamiento, "con los intereses legales desde la fecha de finalización de las obras".

Establece además que “había un deber de conservación diligente del espacio cedido", ya que el campo es de propiedad municipal, "obligándole a realizar las obras necesarias y debiendo responder de los daños por omisión o acción”, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La sentencia considera asimismo que se debe tener en cuenta que la cesión es por diez años, un plazo superior al normal de cinco años, por lo que parece claro que pueda haber "algo más que deterioros por el simple paso del tiempo", cuando en una estructura como un campo de fútbol, "la intemperie obliga a una labor activa de mantenimiento”.

Así, el Real Zaragoza debe responder de aquellos daños que, por acción o, en este caso, por omisión, "le sean achacables", según apuntan las fuentes, que añaden que lo que se excluye es que deba responder el club de daños que se deban "al transcurso del tiempo desde su construcción o a defectos estructurales, de construcción o diseño”.

El coste de las obras que el Ayuntamiento atribuyó al Real Zaragoza ascendía a 153.285 euros, por lo que los 106.245 que no tiene que abonar el club tiene que pagarlos el consistorio dado que el juez considera que se refieren a cuestiones estructurales o a fallos de diseño iniciales como la falta de impermeabilización del graderío.

La sentencia reconoce que el Zaragoza está obligado a la conservación diligente del espacio cedido y de su contenido, debiendo realizar las obras que sean necesarias para ello y respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, que los trabajos deberán contar con la autorización previa del Ayuntamiento y que las actuaciones quedarán en beneficio de la parcela sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización.

Por otra parte, la sentencia reconoce que al llegar al acuerdo debería haberse hecho un estudio técnico del estado del campo, de sus problemas, de las causa de los mismos y de los deberes que se imponía al Zaragoza, aunque sólo fuese por el uso casi exclusivo que había tenido de La Romareda hasta entonces.

El Gobierno de Zaragoza estudia la sentencia junto con los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, según ha indicado el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, quien ha apuntado que se sienten "satisfechos" de que se reconozca que se trataba de obras "necesarias", que no se acometieron por el club ni por el equipo de Gobierno anterior.

Y ha añadido que “si responsables de Urbanismo y Deportes hubieran hecho sus deberes y hubieran querido defender el interés general y económico del Ayuntamiento por encima de sus relaciones con la directiva del club atando todos los cabos sueltos, hoy la ciudad se podría haber ahorrado los 106.245 euros”